Desde la llegada de Pedro Sánchez y su equipo al Gobierno de España, los vaivenes en torno a la figura del motor diésel, a través de la subida de impuestos al combustible, están volviendo locos tanto a marcas como a consumidores.
Menos de tres meses ha necesitado el nuevo Ejecutivo para tambalear uno de los sectores industriales más importantes de España. La automoción supuso en 2017 el 8,6 % del PIB nacional, registró una facturación total de 64.569 millones de euros y las fábricas instaladas en nuestro país exportaron 2,3 millones de vehículos, según el informe anual de ANFAC.
La subida de la fiscalidad del diésel ya estaba contemplada en los presupuestos alternativos presentados por el PSOE y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó la medida en el Congreso el 27 de junio. La propuesta prevé la equiparación de los impuestos que soporta el gasóleo con el de la gasolina, eximiendo al gasóleo bonificado a transportistas y agricultores. Esto supondría subir 9,55 céntimos por litro al gasóleo diésel para turismos, es decir, un 31,10 % hasta los 40,25 céntimos por litro. Con ello, el Gobierno socialista espera generar unos ingresos de 2.140 millones de euros para las arcas del Estado.
El principal argumento es la contaminación. Hay informes para todos los gustos, a favor y en contra. Por resumir y ahorrar tiempo, los motores diésel contaminan. Los de gasolina también, pero menos dióxido de nitrógeno. La apuesta real deberían ser los vehículos de motores alternativos, como el eléctrico, pero el Gobierno todavía le queda mucho camino por recorrer en desarrollo tecnológico y de infraestructuras para su normalización en el parque móvil de España.
Dos semanas después de las palabras de María Jesús Montero, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró en el Congreso de los Diputados que el diésel “tiene los días contados” y que su “impacto” en la calidad del aire “es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”. A los dos días, la ministra Montero tuvo que relajar las palabras de su colega y a la salida del Consejo de Ministros afirmó que la subida sería “progresiva”.
El nuevo capítulo del culebrón llegó con las palabras de otra ministra, quizá para repartir la responsabilidad (e ira de los consumidores) entre varios. La titular de Industria, Reyes Maroto, aseguró en una entrevista a Europa press que el incremento del combustible diésel se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y no afectará a los autónomos (que pueden desgravarse). Por tanto, para hacer una recapitulación de los hechos, todo indica que la subida será progresiva y empezará en enero.
¿Y el propietario de un vehículo diésel qué? ¿Qué hace aquel que compró un diésel hace tres meses porque consumen menos, son más fiables y resistentes si haces muchos kilómetros y el combustible es más barato? ¿Qué coche compra una persona que está pensando cambiar de vehículo? Los vehículos de gasolina aún gastan más, los eléctricos todavía no tienen gran autonomía y son muy caros, hay poca oferta de híbridos… Evidentemente, hay que luchar contra la contaminación, pero no utilicen este argumento para llenar las arcas estatales a través del sangrado del consumidor.
