El anuncio de un acuerdo entre PSOE y Podemos para la futura ley de Vivienda ha levantado una ola de preocupación y un runrún entre los promotores del sector. Sobre todo, dos medidas que se van a tomar son las que pueden causar muchos dolores de cabeza a los actores del sector. Por un lado, la apuesta que se hará por el parque de vivienda pública hará que se tenga que destinar el 30% de cada promoción para vivienda protegida y alquiler social. La otra medida es el llamado impuesto a la vivienda vacía.
Pero ya el Gobierno, y más concretamente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, adelantó en la Cadena Ser que esta medida iba a ser obligatoria. Sin embargo, según el texto filtrado de la ley, tal como está redactada ahora mismo, no recoge esa obligación. Sin embargo , si plantea la posibilidad de que la legislación pueda establecer esta reserva del 30% de viviendas.
Si bien se reclama prudencia y espera hasta que la ley esté aprobada definitivamente dentro de unas semanas, ya algunas promotoras han alzado la voz ante algo que consideran que puede acabar como la ley de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, desde Colliers apuntan que todavía está «pendiente de ver en qué consiste la obligación de dedicar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Si esta medida sigue las tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona provocará el mismo resultado que en dicha ciudad».
Todos los actores del sector inmobiliario que se han pronunciado han destacado el hecho de que con esta ley puede acabar sucediendo como en Cataluña. Desde que se aprobó la ley de alquiler, numerosas promociones se han visto paralizadas. Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, también pone como ejemplo a Cataluña, y apunta que «esta medida reducirá y expulsará la inversión, tanto nacional como extranjera.
APCE destaca que se «producirá una reducción de la inversión y una posible huida»
Por otro lado, APCE, la Asociación de Promotores Constructores de España, también se han mostrado firmes sobre la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida. La Asociación ha apuntado que «producirá una reducción de la inversión y una posible huida hacia territorios en los que no se aplique esta norma».
LIMITACIÓN DE LOS ALQUILERES
Desde APCE han apuntado que las medidas anunciadas serían un «impedimento» para ampliar la oferta de viviendas, algo «básico» para paliar las dificultades de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes españoles. Entre las principales objeciones de los promotores, están las consecuencias negativas que pueda tener la ley y la falta de seguridad jurídica. En esto último concuerdan tanto la promotora nacional como la madrileña, ya que provocará una contracción en la inversión de las empresas y limitará la actividad en las comunidades autónomas y ayuntamientos que implementen la ley.
«En Cataluña ya se han aplicado medidas similares y solo han causado un parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas», han señalado los promotores. Estos basan sus afirmaciones en una encuesta elaborada entre sus asociados. En ella el 55,3% de los promotores y constructores catalanes declaran haber paralizado la inversión esperando una mejor situación, un 31,6% manifiestan haberla reducido y un 13,1% afirma haber abandonado Cataluña a causa de esta regulación.
Respecto a la limitación de los alquileres, la asociación ha destacado que «cuando medidas de similar cariz se han intentado implantar en varias ciudades europeas han traído consecuencias como la reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y la aparición de economía sumergida.
Asprima ha incidido en los «efectos contrarios» de la limitación de los precios de los alquileres. Entre ellos, cita la reducción de la oferta, la obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y la aparición de economía sumergida.
