Día D: 23 de octubre de 2018. Lugar de ‘desembarco’: juzgados de lo mercantil de Barcelona. Contendientes: Joan Font y Josep Font Fabregó, presidente y vicepresidente de la cadena de supermercados catalana Bon Preu. ¿Qué está en juego? La supervivencia de una de las empresas que más beneficios, literalmente, ha sacado del procés.
¿Antecedentes? Ambos hermanos, cuyas disputas vienen de lejos, están enfrascados en un tira y afloja bastante peculiar. Josep, el vicepresidente, quiere irse. Pero no quiere hacerlo con las manos vacías. Dicho de otra forma, quiere su parte del pastel. Y quiere que sea golosa. Por otra parte, Joan, el presidente, no quiere pagar a su hermano lo que este le solicita.
¿Tanta es la diferencia? Sí. Vayamos por partes. En una primera valoración, Josep encargó a la auditora Mazars que evaluara el precio del grupo. Y lo hizo en 960 millones. Su hermano Joan (el que no quiere comprar, para no perdernos en este enredo), hizo lo propio con la auditora Faura-Casas. En este caso, el precio fue de 380 millones. Un abismo entre ambas.
Las cláusulas de salida de la empresa de los socios familiares no han sido bien definidas en la cadena catalana
“Una de las características de la empresa familiar es su continuidad en el tiempo, que depende en buena medida de la armonía familiar, que requiere una clara distinción entre los roles familiares y empresariales de las personas, en una acertada planificación de los procesos de sucesión generacional, y en un diseño adecuado de los órganos de gobierno tanto para la empresa como para la familia”, señalan desde el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Bon Preu, visto lo visto, rompe todos estos esquemas.
BON PREU PUEDE ACABAR SEGMENTADO
Descontentas ambas partes, y siguiendo lo establecido por los estatutos, se dio paso a una segunda estimacion. En esta ocasión, el presidente echó mano de KPMG: 600 millones fue su respuesta. El vicepresidente, de Grant Thornton: 1.100 millones. El mismo abismo.
“De cara a la continuidad de la empresa en la familia, es importante delimitar con precisión las políticas de aplicación de beneficios y las cláusulas de salida de la empresa de los socios familiares”, manifiestan desde el IEF.
Ambas no han sido bien delimitadas en Bon Preu. Porque las desavenencias entre los hermanos (no son las únicas pero sí son las más relevantes) han venido sobre la retribución y la política de dividendos. Según los estatutos, la junta de accionistas es la que debe aprobar cada año la retribución de los administradores solidarios, es decir, de los dos hermanos. Entonces, vino Joan, y se elevó a sí mismo el variable. Hizo caso omiso a la junta. Su hermano Josep, al año siguiente, hizo lo propio. Maniobras que no gustaron, ni al uno ni al otro, por lo que acabaron denunciándose en los juzgados.
Intentando arrimar el ascua a su sardina (y de paso, no pagar nada a su hermano), Joan ha optado por repartir Bon Preu en lotes similares. La mitad para mí, la mitad para ti. En un alarde de generosidad, le ha dicho a Josep que coja el que más le guste. Y Josep se ha negado: prefiere dinero. Por tanto, el asunto sigue encallado.
Según el VI Barómetro de la Empresa Familiar, de KPMG, las enseñas de este calibre consideran clave para el éxito tener unas buenas estructuras de gobierno corporativo y procesos, así como mantener el control del negocio dentro de la familia. ¿Ha pecado Bon Preu por exceso o por defecto?
Mientras tanto, Bon Preu no para de crecer. Desde que Joan Font se decantó claramente por las tesis defendidas por Carles Puigdemont y sus adláteres (de hecho, se involucró tanto que fue el único empresario que dio el sí a su integración en el Consejo Asesor para la Transición Nacional allá por el año 2013 con el fin de asesorar a la Generalitat sobre el proceso de secesión), los números han crecido como la espuma. Así, se ha pasado de una facturación de 505 millones de euros en 2010, a 1.076 en 2017. Más del doble.
Ello podría ser posible por los buenos precios, como indica su nombre, pero se ha debido más al carro de subvenciones percibidas desde las altas instituciones catalanas durante los últimos años (que entre otras cosas le han permitido incrementar sus inversiones), a la par que desde la Generalitat se han elaborado leyes autonómicas que han puesto freno a quienes se catalogan como su mayor competencia: las grandes superficies.
Hasta que llegue la citada fecha del 23 de octubre, ambas partes seguirán moviendo sus fichas. Bon Preu, ajeno a las disputas, continuará engordando su cifra de ventas y sus inversiones. Para este año, su meta es llegar a los 1.200 millones de euros (un 11,5% más), y va a invertir unos 78 millones de euros en una veintena nueva de aperturas. ¿Llegarán los hermanos a un acuerdo antes de que el juez dicte sentencia? ¿Veremos un Bon Preu Joan y un Bon Preu Josep? ¿Desaparecerá Bon Preu?
