Concluye el mes de septiembre con el mercado de divisas como protagonista, sobre todo después de que el Gobierno chino haya decidido lanzar un misil regulatorio para acabar con la competencia privada a su nuevo juguete monetario: el yuan digital, con el que aspira a destronar al dólar como divisa de referencia. El Banco Central del gigante asiático (PBOC, por sus siglas en inglés) ha declarado de forma oficial que las transacciones de criptomonedas son ilegales y todas ellas, incluyendo las más populares –Bitcoin y Ethereum– pasan a estar proscritas. La prohibición alcanza a los residentes chinos que tengan sus activos en casas de cambio (exchanges) extranjeras.
A pesar del revuelo que ha generado esta decisión de las autoridades monetarias chinas lo cierto es que ya habían dejado claras sus intenciones respecto a estas nuevas monedas que han surgido como alternativa a las divisas fiduciarias. China es consciente de que para que su nuevo yuan digital se implante sin contratiempos es fundamental cortarle las alas a las criptodivisas descentralizadas.
Y a tenor de las declaraciones de los banqueros centrales occidentales en las últimas semanas, esta decisión puede marcar el camino a seguir por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra, que hasta el momento se han limitado a mostrar su oposición por el uso de estas nuevas divisas y a dejar patente que la ofensiva regulatoria contra ellas no ha hecho nada más que empezar.
Algunos analistas piensan que el momento de la decisión de las autoridades chinas no es casual, ya que el país se enfrenta a una crisis de deuda similar a la experimentada por EEUU y Europa tras la crisis de Lehman Brothers. La suspensión de pagos de Evergrande –que negocia en estos momentos la reestructuración de su pasivo– puede obligar al Banco Central de China a devaluar su moneda, lo cual incentivará aún más el uso de esas alternativas de mercado que ahora prohibe. Durante la crisis financiera de 2008-2012 el país asiático decidió impulsar su demanda interna para capear la tormenta en Occidente y tras años de crecimiento ahora debe encarar el pinchazo de su burbuja.
Estamos viviendo una revolución monetaria en la que se dirime el futuro de los sistemas de pagos globales y, paradójicamente, los responsables del auge de las criptodivisas son los mismos que quieren derribarlas. Las manipulación de los tipos de interés de los bancos centrales han creado la necesidad de alternativas descentralizadas y ahora los burócratas de todos los colores, partidos e ideologías intentan acabar con ellas para instaurar sus nuevas monedas digitales de banca central (las CDBC); que son la primera piedra para la desaparición del efectivo y la herramienta clave para llevar hasta su último estadio la represión financiera con la que los brujos monetarios aspiran a dirigir las economías.
El mayor riesgo en todo este proceso es que el incremento de la masa monetaria que se deriva de esta planificación monetaria acabe provocando una inflación endémica. Y es por eso por lo que la semana pasada la Reserva Federal (FED) ha dado algunos detalles sobre el esperado tapering (retirada progresiva de estímulos), que concluirá con una subida de los tipos de interés de referencia a finales del próximo año. Como ha cambiado el discurso del presidente de la institución, Jerome Powell, en los últimos meses, de decir que el incremento de los precios no le preocupaba porque sería efímera a señalar que «la inflación es elevada y probablemente se mantendrá elevada durante meses, antes de moderarse«.
Si no se hubiera abandonado la ortodoxia monetaria, la FED habría subido los tipos de interés hace tiempo, ya que los indicadores macroeconómicos constatan desde hace meses que la economía de Estados Unidos experimenta un recalentamiento evidente, con tasas de empleo y PIB dopadas gracias a la droga monetaria. El banco central inició el año pasado la compra de activos mensuales por valor de 120.000 millones de dólares (80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y otros 40.000 millones de dólares en activos respaldados por hipotecas) que ha engordado su balance hasta los 8,4 billones de dólares. Y ahora toca retirarse, poco a poco, para no provocar un desastre. No olvidemos que hay un gran número de empresas cuya supervivencia depende exclusivamente de que los costes de financiación permanezcan bajos por imperativo legal (las famosas empresas zombies).
Los analistas esperaban que Powell iniciara el proceso de reducción de compras de activos ahora, y al retrasarlo unos meses ha favorecido que la Bolsa suba. Esto es lo que sucede en los tiempos actuales, que los mercados ya no bailan al son de los precios de mercado, sino al ritmo que marcan las batutas de los banqueros centrales.
La subida de tipos en EEUU puede perjudicar los intereses de las empresas españolas que tienen gran presencia en Latinoamérica, ya que los países situados al sur del Río Grande son muy dependientes de la financiación en los mercados internacionales y tradicionalmente siempre han sufrido cuando la FED retoma –aunque sea en parte– su ortodoxia monetaria. Los bancos centrales de estos países van a tener que decidir si subir los tipos para evitar la depreciación de sus divisas y disminuir la presión sobre la inflación, o mantenerlos para hacer frente a una situación de desaceleración económica: la eterna disyuntiva.
Por lo que respecta a Europa, todas las miradas están puestas en las elecciones alemanas, cuyo resultado es determinante para conocer el rumbo de la política comunitaria en los próximos años. Quien logre el trono de Merkel podría endurecer su postura respecto al cumplimiento de las reglas fiscales, lo cual pondría en serios apuros a economías como la italiana o la española, que sin la red asistencial que le proporciona el BCE habrían suspendido pagos hace años. En el Palacio de La Moncloa se confía en un gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas del SPD y los verdes para poder seguir con la hoja de ruta establecida por Nadia Calviño y María Jesús Montero, y que pasa por no volver a la estabilidad presupuestaria hasta 2025.
Y son precisamente estas dos mujeres responsables de la política económica española quienes llevan unos días sin pegar ojo, cavilando sobre el impacto que tendrá en el recientemente presentado cuadro macroeconómico la revisión del crecimiento del PIB del segundo trimestre que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE). La decisión del organismo de rebajar hasta el 1,1% el crecimiento del segundo trimestre del año (frente al 2,8% estimado) obliga a rehacer todas las previsiones de indicadores y a replantear las bases sobre las que se edificarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que ahora inician su tramitación parlamentaria.
Según confirman fuentes financieras a MERCA2 en estos momentos todos los servicios de estudios públicos y privados están modificando sus estimaciones sobre la evolución de la economía española y dan por sentado que no se cumplirán las optimistas previsiones del Gobierno. Nadie entiende cómo Calviño presentó el pasado martes un cuadro macro basado en un crecimiento trimestral del PIB que los técnicos del INE habían reducido a la mitad y que el organismo –dependiente del Ministerio de Economía– publicó dos días después.
Para solucionar el desaguisado, la vicepresidenta ha optado por la vía tradicional en estos casos: entrevista al diario El País en la que nos asegura que todo va viento en popa y a toda vela gracias a la vacunación masiva y al dinero que iremos recibiendo de nuestros socios europeos.
Quienes no ven tan clara la luz al final del túnel son los autónomos españoles, que están en vilo tras la decisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de poner fin a las prestaciones por cese de actividad y que realizan una función similar a la de los famosos ERTE cuando de trabajadores por cuenta propia se trata. La actual propuesta del Gobierno dejaría a más de 180.000 profesionales sin esta ayuda económica y las asociaciones que representan a los autónomos intentan negociar in extremis la prórroga del modelo actual, que termina el 30 de septiembre.
Nos espera, por tanto, una semana de tira y afloja que seguramente terminará con fumata blanca, porque el Gobierno tiene demasiados frentes abiertos y no es el mejor momento para romper ese supuesto “escudo social” que no sólo sirve para mantener a un buen número de trabajadores que no han retomado su actividad, sino que también permite maquillar la tasa de desempleo, que no incluye a los perceptores de estas rentas como parados oficiales. Sumando a autónomos en cese de actividad y personas en ERTE el volumen asciende –18 meses después del inicio de la pandemia– a medio millón de personas. Una cifra que puede ir aumentando en los próximos meses si se siguen aprobando ajustes de plantilla en sectores, como el turístico, que ha dado casi por concluido el presente ejercicio.
