La escalada imparable del precio de la luz que los españoles llevamos sufriendo desde que comenzó 2021 es el paradigma del desgobierno sanchista.
Sánchez, el que venía a acabar con la pobreza energética, el que exigía la dimisión de Rajoy cuando el precio de la luz subió un 8%, se ha pasado 9 meses sin mover un dedo ni plantear una sola medida duradera para aliviar el sablazo eléctrico que empobrece a los españoles y resta competitividad a nuestras empresas.
Y no me equivoco,porque el plan de choque anunciado por el gobierno el pasado martes vuelve a ser un parche temporal ya que, básicamente, supone ampliar la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica de septiembre a diciembre de 2021 y la bajada del IVA del 20% al 10% de diciembre de este año a marzo del siguiente.
Además, plagiando una propuesta del Partido Popular, amplían hasta 2.000 millones de euros lo recaudado en las subastas de derechos de emisión de C02 para cubrir los costes del sistema eléctrico.
Por otro lado, rebajan el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5% lo cual significa menos ingresos para las Comunidades Autónomas.
Expropiarán vía Real Decreto– para evitar el debate la sede de la soberanía nacional- los beneficios de las empresas eléctricas mientras el gobierno mantiene su recaudación- 11.000 millones, más del doble del beneficio de todo el sector eléctrico- intacta.
Y activarán el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que traslada el importe de las primas a la renovables de la factura eléctrica al gas, el diésel y la gasolina.
Resumiendo, este plan no resuelve de manera definitiva el problema del aumento desbocado del precio de la electricidad porque sólo incluye medidas temporales y supondrá– si nos creemos las previsiones de un gobierno que miente por sistema- una rebaja de la factura del 22% cuando, solo entre enero y agosto, ha crecido un 29,5% según el estudio realizado por la organización de consumidores FACUA.
Rebajan parte de la factura reduciendo la recaudación que por ley les corresponde a las Comunidades Autonómicas haciendo realidad esa máxima de que la solidaridad socialista dura lo que dura el dinero de los demás.
Así ocurre con otra mediad estrella del gobierno de PSOE y Podemos, la subida del salario mínimo. Una subida progresista y social, en el neolenguaje de la izquierda radical que nos gobierno, que se realiza a costa de subir las cotizaciones, los impuestos a los autónomos y empresarios que crean empleo y de expulsar del mercado laboral a 100.000 españoles a los que se les arrebata la posibilidad de tener un empleo. Solidaridad de izquierdas con el dinero y el empleo de otros.
Mientras el Partido Popular ha presentado una propuesta para rebajar el precio de la luz de manera permanente y que ahorra unos 9.000 millones a los consumidores rebajando Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%, manteniendo el IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida y trasladando determinados costes regulatorios que se incluyen en la factura eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado.
Pero claro, eso a Sánchez le preocupa poco o nada porque, como dijo en el Senado, «empatiza con esta preocupación que tiene la ciudadanía en torno al precio de la luz, pero la luz no se paga todos los días sino a final de mes o al trimestre» y la luz de su residencia oficial la pagamos entre todos los españoles.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
