El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al actual Gobierno socialista a que introduzca la tecnología blockchain para aplicarla en la Administración Pública del Estado. Sin embargo, expertos del sector aseguran que esta propuesta está poco definida y persigue otros fines.
Aparentemente, los populares reconocen el potencial de esta tecnología en el sector financiero a pesar de que «pone en riesgo el negocio de intermediación al no necesitar de una autoridad central para su funcionamiento». Aseguran que la tecnología de cadena de bloques puede propiciar un empujón definitivo en la digitalización de la economía, y permitir así una mejora en el servicio y aumentar la eficiencia.
Los populares piensan que ha llegado el momento de que la Administración Pública dé el salto a esta tecnología, debido a que «propiciará un mayor control, trazabilidad y transparencia en los procesos y además, podría reportar ingresos extra a la Administración», según anunció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
No obstante, algunos expertos dentro del sector digital aseguran que esta proposición no de ley está vacía de contenido y tiende hacia el propio marketing del partido. Tomás Merás-García, experto en criptografía y colaborador del laboratorio NWC10lab, afirma que el requerimiento no tiene una exposición de motivos clara ni una introducción bien hilada. «Es una sucesión de palabras de moda» (hacker, chatbots, bitcoin, etc.) e iniciativas vagamente relacionadas (inversiones de capital riesgo con la pesca de atunes) que culmina con una frase que vaticina un futuro que es ya presente en el día a día de muchas empresas, declara el experto.
García-Merás reconoce que el Gobierno estuvo muy centrado en la anterior Secretaría de Estado de Función Pública, «y que llevó acabo una impresionante labor de transformación digital del sector público, que dio lugar a las leyes 39 y 40 de 2015 (Procedimiento Administrativo Y Régimen Jurídico de las Administraciones) y los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. El experto detalla que estas normas introducen tecnologías como «la criptografía asimétrica o las huellas digitales (la base de Blockchain)» y, junto al reglamento europeo eIDAS, establecen las bases de los servicios electrónicos de confianza en todo el sector público.
«La proposición no de ley tiene como único dar una apariencia de modernidad e innovación»
«La proposición no de ley presentada tiene como único objetivo el márketin político, el dar una apariencia de modernidad e innovación». EL criptografista piensa que hay excelentes profesionales en el Ministerio de Economía y Empresa promoviendo Blockchain en el sector privado y en el de Política Territorial y Función Pública en el sector público, y el apoyo que necesitan es principalmente presupuestario y organizativo, aspectos que ni nombra la proposición.
A pesar de que el blockchain deja de lado aspectos críticos para la administración como, por ejemplo, la gestión de la identidad de los participantes en las transacciones electrónicas o la eficiencia en costes operativos. «Tendremos que ver una convergencia entre blockchain, los certificados digitales y la firma electrónica (que subsanen estas deficiencias)», para poder desarrollar plenamente la tecnología en el sector público. Adelanta, que esta convergencia traerá además la incorporación de blockchain en la normativa que sustenta la seguridad de los procesos administrativos, como el reglamento eIDAS, la ley 59/2003 de firma electrónica o el Esquema Nacional de Seguridad.
Precisamente, García-Merás destaca que el sector público español cuenta con grupos de trabajo que se encargan de evaluar la potencialidad de estas nuevas tecnologías, como es el caso de la Comisión de Estrategia TIC y las Comisiones Ministeriales para la Administración Digital. El experto explica que en estos grupos trabajan extraordinarios profesionales del funcionariado, pero en los que es bienvenida la presencia y ayuda de asociaciones sectoriales y empresas.
