Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña han reclamado a las administraciones central y autonómica que se impliquen en el futuro de la factoría después del cese de actividad decretado el viernes por el administrador judicial designado por la Audiencia Nacional para la antigua planta de Alcoa.
El cierre temporal no ha cogido por sopresa a los empleados de la planta, como ha apuntado en declaraciones a los medios este sábado el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que asegura que la actividad está interrumpida «en su totalidad» desde principios del mes de julio.
«Allí no se produce nada. La gente iba a su puesto de trabajo pero sin actividad alguna», ha incidido López Corbacho, que responsabiliza a los antiguos gestores de la planta de la situación de la factoría, donde «no hay materia prima» y existen impagos a los proveedores.
Esto ha derivado en un contexto de falta de seguridad para los trabajadores dentro de la planta, por lo que el administrador judicial decide interrumpir de forma temporal la actividad en la factoría, a la que únicamente acudirán los empleados de los servicios de seguridad y vigilancia.
Y es que, como ha advertido López Corbacho, «entrar en la planta puede implicar una puesta en riesgo de los trabajadores», por lo que ha manifestado que los empleados comprenden la decisión del administrador judicial.
«Lo que nos preocupa es ver la planta inactiva y que en estos momentos no se estén poniendo las medidas necesarias para ponerla en marcha cuanto antes», ha añadido el líder sindical, que ha instado a las administraciones a ponerse «del lado» de los trabajadores para que la factoría recupere su actividad.
López Corbacho ha recordado que la producción de aluminio fue declarado como sector estratégico durante la pandemia, lo que ha llevado a sentenciar que tanto el Gobierno central como el gallego deben hacer «todo lo necesario para activar la planta.
En este sentido, ha apuntado que el precio de la tonelada de aluminio «se incrementó muchísimo» durante los últimos meses y alcanza los 2.500 dólares, por lo que cree que, con la ayuda de los gobiernos, la factoría tendría futuro.
«Necesitamos que, de los proveedores a los clientes, nos echen una mano. Pero sobre todo quien tiene que aparecer a nuestro lado son las administracioes para ponernos a producir. Es la única manera en que vamos a aguantar hasta el final», ha apostillado.
