El temor de pequeñas familias y empresarios ante el próximo recibo de la luz, el de un agosto de récords, es palpable. La oposición no ahorra calificativos a la indolencia del Gobierno ante un problema grave para las pequeñas economías y califica su gestión de «catastrófica». En una entrevista a MERCA2, Guillermo Mariscal, portavoz de energía del Grupo Parlamentario Popular, se muestra inflexible ante la «incapacidad» y «desconocimiento» exhibidos por el Ejecutivo.
En relación al denominado «tarifazo eléctrico» que entró en vigor en junio de 2021, Mariscal recuerda que se pudieron anticipar las consecuencias, pero no hubo previsión: «en enero, tras el paso de (la borrasca) Filomena por España, ya se sabía que el mercado energético estaba muy tensionado por el exceso de demanda sobre la oferta», y es que «la tensión con el gas comenzó en enero».
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Para paliar lo que se venía encima «lo que hace es castigar la demanda eléctrica para intentar reducirla con incrementos salvajes de la factura eléctrica». Lo que pretendía «era reducir el consumo». Nos encontramos entonces ante «la tormenta perfecta». El gobierno «aumenta la recaudación y las medidas perjudican a la clase media, a los más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas».
El político popular alerta del sufrimiento de los más vulnerables, ya que «el bono social eléctrico, que nosotros impulsamos, de reducción de la factura eléctrica de entre el 25% y 40% en función de la renta disponible, se aplica como descuento a la factura total», por lo tanto, «el incremento de la factura diaria» también repercute «negativamente en los más vulnerables». A estos «no se les han buscado mecanismos para impedir que se les suba».
EL PEOR MOMENTO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA
En cuanto a capacidades «estamos en el peor momento de la gestión de la administración de la política energética, y en esto incluyo incluso a Miguel Sebastián» afirma con rotundidad el Diputado por Las Palmas durante las últimas seis legislaturas. «Llevo en esto desde 2005 y cuando llegué al congreso entendí que si no sabías de energía o de agua, difícilmente podías ayudar al futuro de tu país». «He trabajado al lado de nuestros ministros en los gobiernos del PP, e incluso como principal cuestionador a Miguel Sebastián en su última etapa y conozco las capacidades de la gente».
Y prosigue, «cada vez que dan un golpe castigan un sector, y así están penalizando la competitividad de industria y economía». Cada vez que «toman una medida de calado se cierra una gran empresa, como es el caso de Alcoa».
Este Gobierno hace una «política energética desligada totalmente de la política industrial». Resta «competitividad y no ofrece alternativas a la sociedad, se creen su propia propaganda». La información brilla por su ausencia y «se pretende manejar a la población desde una posición plenamente ideológica», critica Mariscal.
EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR
Lo que no puede ser, prosigue el diputado popular criticando el buenismo renovable de Pedro Sánchez «y eso me gustaría dejarlo muy claro» es que en la última cumbre de Lisboa «haya sido el Gobierno español el que haya demandado que se reduzca el volumen de derechos de emisión de CO2, para incrementar su precio». No se entiende «cómo es posible que un país que cuenta con tan poca tecnología de respaldo sea quien castigue el consumo de energía».
Tampoco se entiende «cómo se puede castigar a la energía hidráulica, cuando cualquiera sabe que es el caviar de la energía eléctrica, la más eficiente y más gestionable».
Mariscal no solo critica la política energética del Gobierno, también aporta soluciones, «lo que se debe hacer es incrementar el volumen de tecnología de respaldo y no depender solo de una como ocurre actualmente». Alemania sigue quemando carbón, Francia dispone de sus nucleares: «esos planteamientos podrían ser los nuestros».
En cuanto a los discursos del Ejecutivo acerca de crear una empresa pública de energía, el político madrileño también tiene una clara opinión, «no tenemos un problema de propiedad». Lo importante es «la gestión del servicio, y si la misma mejora o no la competitividad». Porque la empresa sea pública «no tiene por qué ser más eficiente». Se trata de un «planteamiento de personas que desconocen cómo funciona del sistema eléctrico de nuestro país».
MEDIDAS INMEDIATAS AL ALCANCE
Los consumidores necesitan actuaciones rápidas y Mariscal expone «hay soluciones inmediatas», de hecho «nosotros presentamos una proposición de ley, un proyecto legislativo, que era de aplicación inmediata». Como el Gobierno la rechazó, «presentamos el mismo texto en proposición no de Ley, para que de forma automática se produjese una reducción inmediata».
Este proyecto «consiste en la eliminación del 7% de impuesto a la generación y el trasvase del déficit tarifario, que son unos 2.600 millones de euros al año, derivado de malas políticas energéticas practicadas por el Gobierno de nuestro país en 2004 y 2012». Es más «la eliminación del extracoste de la producción de energía fuera de la península».
«Todo esto se puede llevar a Presupuestos Generales del Estado y que sea el Gobierno el que asuma en sus políticas de gasto, ese descenso en la capacidad de gasto». Y se transforma en una «reducción de la factura eléctrica, ya que el Ejecutivo es el que debe asumir ese coste y no el ciudadano».
Y además se pueden añadir «2.400 millones que vamos a ingresar en nuestro país por los derechos de CO2, que a nuestro juicio deben enviarse directamente al sistema eléctrico en la capacidad que se pueda y la UE lo permita», concluye Mariscal, que apuntilla «esas cuatro medidas tienen un efecto inmediato», en un mes.
ACTUACIONES A MEDIO PLAZO
Estas soluciones deberían estar acompañadas con otras «de carácter geoestratégico», como el «aprovisionamiento de gas a medio-largo plazo». Se trataría de potenciar «nuestra capacidad de compra de gas a largo plazo», y también de aumentar «nuestra capacidad de bombeo». Hacer «un estudio en profundidad de lo que supondrá con estos precios el cierre nuclear total en los años previstos».
Y una de las grandes claves, «mejorar la interconexión con Francia, que está muy por debajo de lo acordado bajo la presidencia de José María Aznar», algo que es «muy relevante» porque nos permite «el equilibrio de precios con los socios europeos, competitividad y una seguridad en el suministro ante cualquier infortunio». Y también «capacidad de evacuar mucha más energía renovable si la demanda española no fuese capaz de asimilarla».
Si en enero tuvimos una crisis y «no se hizo nada en ocho meses, no podemos hacer lo mismo de aquí al mes de abril de 2022», lo que se le pide «al Gobierno es que actúe, que hable con el principal partido de la oposición, y que presente un proyecto en el Congreso a corto, medio y largo plazo», concluye Mariscal.
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«Las tecnologías de respaldo son el gas, la hidráulica y la nuclear» y están disponibles «los siete días de la semana para echar mano de ellas cuando las renovables no llegan», explica Mariscal.
«al Gobierno se le pide que actúe, que hable con el principal partido de la oposición»
No ha habido «planificación para el bombeo, para generar energía renovable, limpia y gestionable», critica el político popular, que prosigue, «desde que está en el Gobierno este presidente, ¿en cuanto se ha incrementado la interconexión con Francia? En nada». En cuanto al almacenamiento de gas, «teniendo como tenemos siete gasificadoras disponibles en nuestro país, ¿qué planificación se ha hecho de almacenamiento de gas? Ninguna. ¿Qué negociaciones se han llevado a cabo con los países suministradores de gas? Ninguna».
Estas denuncias coinciden con los argumentos de expertos y usuarios que manifiestan sentirse engañados con el nuevo sistema tarifario y que piensan que el Gobierno tendría que haber previsto la que se nos venía encima (los mercados de futuros así lo decían y lo siguen diciendo), mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de evitarlo, tampoco ha cambiado sus planes al respecto, en función de los acontecimientos.
CALVIÑO Y LAS “SUBIDAS PUNTUALES”
Conviene recordar las palabras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en enero, coincidiendo con Filomena, en declaraciones a la Cadena Ser, en las que decía «no podemos hacer pensar a los ciudadanos que la reforma del sector eléctrico que estamos abordando con determinación supone que no pueden darse subidas puntuales del precio de la luz cuando se da una tormenta perfecta como la que estamos viviendo estos días».
Entonces, la sensación era que aquella subida del precio de la electricidad era algo extraordinario, pero durante este 2021 y especialmente en verano, nos estamos acostumbrando a lo extraordinario día sí y día también.
Por eso, Guillermo Mariscal opina que lo que está sucediendo «demuestra la incapacidad del Gobierno». Porque «su inacción trae consigo movimientos espasmódicos e improvisados que generan incertidumbre en los mercados, en los inversores y en las empresas» y por otro lado «un incremento de los costes energéticos inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para muchas familias».
DESCONOCIMIENTO Y SIN CONTRAMEDIDAS
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Para paliar lo que se venía encima «lo que hace es castigar la demanda eléctrica para intentar reducirla con incrementos salvajes de la factura eléctrica». Lo que pretendía «era reducir el consumo». Nos encontramos entonces ante «la tormenta perfecta». El gobierno «aumenta la recaudación y las medidas perjudican a la clase media, a los más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas».
El político popular alerta del sufrimiento de los más vulnerables, ya que «el bono social eléctrico, que nosotros impulsamos, de reducción de la factura eléctrica de entre el 25% y 40% en función de la renta disponible, se aplica como descuento a la factura total», por lo tanto, «el incremento de la factura diaria» también repercute «negativamente en los más vulnerables». A estos «no se les han buscado mecanismos para impedir que se les suba».
EL PEOR MOMENTO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA
En cuanto a capacidades «estamos en el peor momento de la gestión de la administración de la política energética, y en esto incluyo incluso a Miguel Sebastián» afirma con rotundidad el Diputado por Las Palmas durante las últimas seis legislaturas. «Llevo en esto desde 2005 y cuando llegué al congreso entendí que si no sabías de energía o de agua, difícilmente podías ayudar al futuro de tu país». «He trabajado al lado de nuestros ministros en los gobiernos del PP, e incluso como principal cuestionador a Miguel Sebastián en su última etapa y conozco las capacidades de la gente».
Y prosigue, «cada vez que dan un golpe castigan un sector, y así están penalizando la competitividad de industria y economía». Cada vez que «toman una medida de calado se cierra una gran empresa, como es el caso de Alcoa».
Este Gobierno hace una «política energética desligada totalmente de la política industrial». Resta «competitividad y no ofrece alternativas a la sociedad, se creen su propia propaganda». La información brilla por su ausencia y «se pretende manejar a la población desde una posición plenamente ideológica», critica Mariscal.
EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR
Lo que no puede ser, prosigue el diputado popular criticando el buenismo renovable de Pedro Sánchez «y eso me gustaría dejarlo muy claro» es que en la última cumbre de Lisboa «haya sido el Gobierno español el que haya demandado que se reduzca el volumen de derechos de emisión de CO2, para incrementar su precio». No se entiende «cómo es posible que un país que cuenta con tan poca tecnología de respaldo sea quien castigue el consumo de energía».
Tampoco se entiende «cómo se puede castigar a la energía hidráulica, cuando cualquiera sabe que es el caviar de la energía eléctrica, la más eficiente y más gestionable».
Mariscal no solo critica la política energética del Gobierno, también aporta soluciones, «lo que se debe hacer es incrementar el volumen de tecnología de respaldo y no depender solo de una como ocurre actualmente». Alemania sigue quemando carbón, Francia dispone de sus nucleares: «esos planteamientos podrían ser los nuestros».
En cuanto a los discursos del Ejecutivo acerca de crear una empresa pública de energía, el político madrileño también tiene una clara opinión, «no tenemos un problema de propiedad». Lo importante es «la gestión del servicio, y si la misma mejora o no la competitividad». Porque la empresa sea pública «no tiene por qué ser más eficiente». Se trata de un «planteamiento de personas que desconocen cómo funciona del sistema eléctrico de nuestro país».
MEDIDAS INMEDIATAS AL ALCANCE
Los consumidores necesitan actuaciones rápidas y Mariscal expone «hay soluciones inmediatas», de hecho «nosotros presentamos una proposición de ley, un proyecto legislativo, que era de aplicación inmediata». Como el Gobierno la rechazó, «presentamos el mismo texto en proposición no de Ley, para que de forma automática se produjese una reducción inmediata».
Este proyecto «consiste en la eliminación del 7% de impuesto a la generación y el trasvase del déficit tarifario, que son unos 2.600 millones de euros al año, derivado de malas políticas energéticas practicadas por el Gobierno de nuestro país en 2004 y 2012». Es más «la eliminación del extracoste de la producción de energía fuera de la península».
«Todo esto se puede llevar a Presupuestos Generales del Estado y que sea el Gobierno el que asuma en sus políticas de gasto, ese descenso en la capacidad de gasto». Y se transforma en una «reducción de la factura eléctrica, ya que el Ejecutivo es el que debe asumir ese coste y no el ciudadano».
Y además se pueden añadir «2.400 millones que vamos a ingresar en nuestro país por los derechos de CO2, que a nuestro juicio deben enviarse directamente al sistema eléctrico en la capacidad que se pueda y la UE lo permita», concluye Mariscal, que apuntilla «esas cuatro medidas tienen un efecto inmediato», en un mes.
ACTUACIONES A MEDIO PLAZO
Estas soluciones deberían estar acompañadas con otras «de carácter geoestratégico», como el «aprovisionamiento de gas a medio-largo plazo». Se trataría de potenciar «nuestra capacidad de compra de gas a largo plazo», y también de aumentar «nuestra capacidad de bombeo». Hacer «un estudio en profundidad de lo que supondrá con estos precios el cierre nuclear total en los años previstos».
Y una de las grandes claves, «mejorar la interconexión con Francia, que está muy por debajo de lo acordado bajo la presidencia de José María Aznar», algo que es «muy relevante» porque nos permite «el equilibrio de precios con los socios europeos, competitividad y una seguridad en el suministro ante cualquier infortunio». Y también «capacidad de evacuar mucha más energía renovable si la demanda española no fuese capaz de asimilarla».
Si en enero tuvimos una crisis y «no se hizo nada en ocho meses, no podemos hacer lo mismo de aquí al mes de abril de 2022», lo que se le pide «al Gobierno es que actúe, que hable con el principal partido de la oposición, y que presente un proyecto en el Congreso a corto, medio y largo plazo», concluye Mariscal.
