La “segunda oportunidad” es uno de los términos más buscados por quienes se encuentran en una situación de dificultad económica.
Desde Igualada Belchí Abogados explican que se trata de un mecanismo puesto en marcha hace ya algunos años y que poco a poco se ha ido abriendo paso, sorteando dificultades (sobre todo las de las administraciones públicas, remisas a todo lo que huela a condonar una deuda, incluso cuando es evidente que alguien no va a poder pagarla nunca), hasta establecerse como un procedimiento plenamente establecido y con voz propia.
El mecanismo prevé una negociación previa para tratar de cerrar un acuerdo con los acreedores (quita, espera, o ambas cosas). En caso de no cerrarse acuerdo alguno, un concurso de acreedores consecutivo terminará, en principio, con la liquidación total del patrimonio del deudor y la exoneración de todas aquellas deudas que no hayan podido ser abonadas con el producto de esa liquidación (con alguna excepción relativa a los créditos públicos, que merecen un artículo aparte).
Es cierto que en muchas ocasiones las propuestas que se hacen son inasumibles y, al final, es menos problemático acudir a una liquidación que se resuelve de una vez y en muy pocos meses, a recibir unos cobros ínfimos durante un largo período de tiempo. También es llamativa la nula cooperación que en este tipo de procedimientos suele recibirse de las entidades financieras que parecen preferir perder dinero a ganarlo.
En un procedimiento reciente, a una entidad financiera se le ofreció una quita del 40% sobre el total de su deuda, con unas perspectivas razonables de cobro del restante 60%. Aun así, prefirió votar que no al acuerdo y acudir a una liquidación en que, con la documentación delante, las perspectivas de cobro iban a ser nulas.
En otro procedimiento, se recibió una comunicación de otra entidad completamente estandarizada, informando del voto en contra al acuerdo “salvo que se comunique lo contrario”. Otra a la que se le había ofrecido el pago íntegro de la deuda conservando la garantía rechazó sumarse al acuerdo por contar con una garantía que no le obliga a ello, abocando a una liquidación judicial en un concurso consecutivo que supondrá la dación en pago de un inmueble que, seguramente, intentará retrasar dado el empacho de ladrillo que afecta a la mayoría.
La situación no es fácil y es cierto que las entidades financieras, unas más que otras, han sufrido pérdidas que han acabado repercutiendo en la economía nacional. En este sentido, sería deseable que prestasen un poco más de atención a las propuestas que se les pone encima de la mesa: y no solo en la aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas Bancarias, sino también porque quizá podrían evitar dar por perdidos créditos que de alguna manera podrían recuperarse de manera directa y también indirecta. Nada ayudará tanto a la economía como apoyar a las personas a mantener su hogar, su actividad y su vida.
