La expresión latina “plus ultra“, “más allá“, fue elegida por el emperador Carlos V como lema de nuestra nación y símbolo del dinamismo del nuevo imperio español. Sin remontarnos cientos de años en la historia de España, en los años 60 y 70 del pasado siglo, la Cadena SER puso en marcha un programa denominado ‘Operación Plus Ultra’ que localizaba a aquellos niños que destacaban por realizar actuaciones extraordinarias para su edad (cuidar de sus hermanos pequeños, trabajar para ayudar a sus padres, haber salvado a alguien de perecer ahogado, etc.).
Pues bien, este noble significado y el especial recuerdo que para muchos españoles puede tener el lema “plus ultra“ ha sido totalmente destruido por el actual gobierno al otorgar una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Áreas, una empresa que, por lo que muestran todos los indicios no reúne las condiciones para recibirla.
Estos indicios son tan sólidos que han llevado a un juzgado a paralizar la entrega de ese dinero porque “la necesidad de ayuda no está acreditada” y “porque una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración”.
Unas expresiones muy duras y que pueden significar, de ser probadas por la justicia, la comisión de graves delitos. Pero, además, esta ayuda sobrepasa todos los límites de la lógica, la ética y la decencia.
Esto es así, porque el Fondo de Apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas tiene como único objetivo “compensar el impacto de la emergencia sanitaria en empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico“.
Atendiendo a esta definición, ¿podemos considerar estratégica a una empresa que solo opera el 0,03% de los vuelos en España, qué solo contaba con un avión en propiedad cuando fue rescatada y que, al margen de la pandemia, acumulaba pérdidas desde 2011?
Desde luego, sin ser un experto en temas de aviación, la simple lógica hace que respondamos a todas esas cuestiones con un rotundo no.
Ahora bien, quizás entendamos mejor el rescate si tenemos en cuenta que, al menos, el 47% del capital de la empresa pertenece a socios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez.
Recordemos que la vicepresidenta venezolana fue recibida por Ábalos en Barajas cuando tenía prohibido pisar suelo europeo por dirigir un régimen totalitario; y que el informe decisivo para que Plus Ultra recibiese la ayuda, lo redactó la Agencia Española de Seguridad Aérea, organismo dependiente del ministerio que, por entonces, dirigía José Luis Ábalos.
Unas coincidencias, cuando menos, sospechosas. Como sospechosa es la negativa de la empresa a que un perito independiente valore el rescate o que la abogacía del estado trate de salvar el pago de los 34 millones pendientes diciendo que si no se ingresan, Plus Ultra no podrá devolver los 19 millones que ya ha recibido.
Espero que la justicia nos dé respuestas pero lo más grave del “caso Plus Ultra” es que nos muestra cómo gestionará el gobierno los 140.000 millones de euros que España recibirá de la Unión Europea.
Los gestionará de manera opaca, sectaria y clientelar y sin tener en cuenta que entre un 15% y un 19% del verdadero tejido empresarial español está en riesgo de insolvencia por la pandemia y que más de 4 millones de españoles están en paro o acogidos a un ERTE. Sin tener en cuenta que estos fondos constituyen la principal, sino la única, oportunidad de recuperar la prosperidad de nuestro país.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
