La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha pedido este lunes definir ya una senda de consolidación fiscal para comenzar a implementarla en 2022, antes incluso de que se activen las reglas fiscales europeas y concluya el programa extraordinario de compras de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE).
Así lo pone de manifiesto la organización en el último número de su publicación ‘Cuadernos de Información Económica’, donde indica que el elevado déficit público estructural que arrastra España desde hace años y la magnitud de la crisis derivada de la pandemia hacen «particularmente exigente» una senda de consolidación fiscal.
Para Funcas, la «permisividad fiscal» y la acción del BCE posibilitan financiar enormes volúmenes de deuda pública a costes históricamente bajos, lo que, según el autor del estudio, Santiago Lago, favorece una «calma aparente» en el corto plazo, pero apunta a «turbulencias» a largo plazo, de ahí que la situación exija «reaccionar ya».
En su opinión, el retorno a la estabilidad presupuestaria en 2023 y años siguientes va a ser «más exigente que nunca». A su juicio, la definición de una estrategia de consolidación fiscal debería basarse en tres pilares: ampliar el horizonte temporal del actual plan presupuestario, abordarse con un amplio apoyo político y sostenerse en una mejora de la calidad del gasto público y de la gobernanza multinivel, puesto que también corresponderá parte del esfuerzo a las comunidades autónomas.
Por otro lado, la publicación de Funcas también recoge un artículo sobre el mercado inmobiliario, en el que se destaca que el impacto de la pandemia en el mismo ha sido «moderado», con un descenso «momentáneo» de precios y transacciones, seguido de avances «muy acotados».
En cuanto a las previsiones sobre la evolución del mercado, el precio medio de la vivienda libre podría terminar 2021 con una subida de en torno al 1% y de entre el 1% y el 2% en 2022, según Santiago Carbó y Francisco Rodríguez, autores del estudio.
CONTROLAR PRECIOS DEL ALQUILER REDUCÍA LA OFERTA
La pandemia, según los autores, ha afectado, sobre todo, al alquiler, con aumentos del ‘stock’ de viviendas disponibles y caídas de precios, especialmente en grandes ciudades. A pesar de ello, afirman que en el Gobierno continúa la discusión sobre posibles planes para aliviar los problemas de acceso en el mercado del alquiler, sobre todo en las zonas «tensionadas», con escasez de oferta y precios elevados.
En este sentido, indican que una de las propuestas, regular los precios de los arrendamientos, defendida por Unidas Podemos, solo lograría disminuir la oferta y aumentar los precios, reduciendo aún más la accesibilidad.
