La denominada ‘subasta del 5G’ comenzará en los próximos días tras un año de retraso debido al covid. Tras la incertidumbre por saber qué operadores se presentaban, serán los tres grandes (Telefónica, Orange y Vodafone) quienes optarán al espectro, ahora surgen las primera voces discrepantes sobre el proceso. En este caso los operadores locales.
Así, la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) ha presentado una denuncia ante la CNMC contra el pliego de condiciones para la subasta de 700 MHz por incumplir las leyes de Unidad de Mercado y de Telecomunicaciones.
En su escrito, Aotec -que representa a las pymes del sector-, argumenta que la licitación supone una “grave discriminación” para una buena parte de la población española debido a lo limitado del territorio en el que se exige que haya cobertura 5G y también constituye “un duro golpe a la competencia” en detrimento de todas aquellas empresas que se encuentren en zonas rurales y que no tendrán garantías de acceso a la conectividad móvil.
La asociación, que ha pedido a la CNMC que actúe de oficio, recuerda que el 5G no es una evolución tecnológica más, sino que es una tecnología disruptiva que marcará la transformación digital y tendrá un efecto transversal sobre la sociedad y la economía en la próxima década.
«la licitación supone una grave discriminación para una buena parte de la población»
Aotec denuncia que las condiciones de la licitación reducen drásticamente las obligaciones de cobertura, reduciendo aún más las contempladas en el borrador inicial, ya de por sí restringidas. Así, si en principio las empresas adjudicatarias del espectro debían cubrir los municipios de más de 20.000 habitantes, pero con los actuales pliegos el ámbito territorial se limita aún más y se circunscribe a una serie de poblaciones recogidas en un anexo.
Por tanto, existiría una “grave discriminación” entre los usuarios residenciales como empresas situadas en los municipios del Apéndice II y los del resto de España, a los que no se garantiza su acceso a servicios 5G. Y como consecuencia Aotec considera que la “licitación es incompatible con la libertad de establecimiento o circulación”.
Para los operadores locales, aunque el despliegue en otras zonas se produjera, al aplazarse en el tiempo se mantendría el hecho discriminatorio, porque el 5G “es una tecnología disruptiva” y no se contemplan mecanismos para acelerar su llegada a las zonas rurales.
La asociación señala igualmente que en el pliego “desaparecen las obligaciones mayoristas para los futuros adjudicatarios que podrían haber beneficiado a los OMVs”. Como consecuencia, la competencia “que debe presidir el mercado puede quedar en entredicho” dado que habrá operadores alternativos que quedarán totalmente excluidos del 5G.
Los grandes operadores “durante los últimos veinte años han abandonado a su suerte a los pequeños municipios” en cuanto a telecomunicaciones, critican desde Aotec. De hecho, “no han desplegado a penas tecnología FTTH”, algo que sí ha hecho el operador local, luchando así contra la ‘brecha digital’ frente a las grandes ciudades. Los operadores locales temen que “en esta ocasión los pequeños y medianos municipios no puedan contar con el operador local” al no contemplarse expresamente una vía para ello en la licitación del espectro.
Aotec señala que en otros países como Reino Unido se ha dedicado parte del espectro al 5G local y se impone a que aquel espectro licenciado que no sea utilizado se ceda a empresas.
Asimismo, recuerdan que la propia Aotec ha planteado alternativas al Ejecutivo, tanto la dedicación de espectro como permitir el desarrollo de infraestructuras locales multioperador en zonas rurales y la obligación de que éstas fueran usadas por las grandes compañías.
En definitiva, Aotec considera que la orden ET/534/2021supone una vulneración de los principios de la competencia y de igualdad y no discriminación fijados en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones. También es contraria a la Ley de Unidad de Mercado, ya que crea un obstáculo que “impide a los operadores el establecimiento para el ejercicio de cualquier actividad económica en todos aquellos municipios en los que no hay obligación por parte de los concesionarios de ofrecer cobertura 5G”.
