La Generalitat de Cataluña ha impuesto una nueva ecotasa a las eléctricas y que afecta a otros elementos, como torres de telecomunicaciones. La medida afecta a todas las empresas del sector, pero también a Naturgy, Telefónica, REE, y Cellnex, entre otras.
Se trata de un nuevo impuesto que sólo pueden recurrir o el Gobierno o grupos parlamentarios. El Ejecutivo central, dirigido por Pedro Sánchez, por ahora no ha movido ficha. Sí lo han hecho, en cambio, algunas eléctricas, según han asegurado fuentes muy bien informadas del sector a MERCA2. «Las leyes autonómicas en sí no pueden recurrirlas ni particulares ni empresas», han explicado.
En este sentido, la contraofensiva judicial se centra en las normas de desarrollo y en las liquidaciones tributarias de esta nueva normativa. Y es que, a pesar de que la Generalitat necesita urgentemente ingresos, la realidad es que no sería el primer varapalo judicial recibido por la justicia en cuanto a impuestos eléctricos se refiere. El Tribunal Constitucional ya anuló el impuesto que pretendía cobrar el Govern a las centrales nucleares debido a la doble imposición fiscal. Ahora, se verá si la nueva ecotasa a los productores no renovables se permite.
LAS ELÉCTRICAS, SIN MARGEN PARA TRASLADAR EL IMPUESTO AUTONÓMICO
La vía judicial, no obstante, no afecta al cobro del impuesto hasta que no haya una sentencia firme. De esta forma, las eléctricas tendrán que abonarlo y sin poder repercutir el tributo en las ofertas, al menos directamente.
SOLO LA JUSTICIA PARALIZARÁ LA ECOTASA CATALANA
La única forma de evitar el pago de este impuesto es la suspensión cautelar del mismo. «Es una situación muy inusual«, han advertido fuentes del sector. Y es que, si la justicia declarase nulo el impuesto, las eléctricas tendrían derecho a la devolución de la liquidación más los intereses legalmente devengados. «Los jueces no adoptan medidas cautelares por motivos económicos», han destacado las mismas fuentes consultadas por este medio.
Las eléctricas por sí mismas no pueden trasladar los impuestos a los clientes y empresas. La ley lo impide, salvo en una única excepción. Son los tributos estrictamente variables, como el 7% a la producción por kWh, anulado recientemente por el Gobierno para rebajar la factura de la luz ante los disparados precios. «Hay muy pocas partidas que pueden trasladarse«, han destacado.
EL IMPUESTO DEL GOBIERNO A LA PRODUCCIÓN MARCA LA DIFERENCIA EN EL PRECIO
Este impuesto refleja la diferencia de precios entre, por ejemplo, el precio de la electricidad en España y Francia. «En España sólo existe un impuesto de este tipo, por lo que el resto de gravámenes son asumidos por las eléctricas», han afirmado las fuentes consultadas.
El impuesto de Cataluña afecta directamente a la distribución, y la empresa no puede trasladarlo a los clientes por no les cobra a ellos mediante factura, sino a través de los regulados peajes, establecidos por la normativa estatal.
El regulador, es decir, el Gobierno, sí puede introducir los impuestos autonómicos en los peajes. No sería la primera vez que ocurriera esta situación. Entre 2012 y 2014, el Ejecutivo impuso por ley la obligación de trasladar los tributos de las comunidades a estas tarifas. Sin embargo, se modificó la obligación para dejarla en una posibilidad, que hasta ahora no se ha aplicado. En este sentido, las empresas de determinadas autonomías tienen un sobrecoste debido a las 17 legislaciones existentes.
UN IMPUESTO A IMAGEN DEL CÉNTIMO VERDE
El nuevo impuesto no sólo afecta a las centrales nucleares, sino que va más allá. En Cataluña hay seis centrales de ciclo combinado, que sí podrían trasladar el impuesto a sus ofertas. Ejemplo de ello fue el denominado ‘céntimo verde’, que afectaba al gas natural y que se impuso en 2018 y afectaba a todas las centrales. En cambio, si las centrales de Cataluña decidieran trasladarlo, su demanda caería. «Si una central de ciclo combinado en Cataluña repercute este impuesto y otra central de este tipo en otra Comunidad autónoma no lo repercute, automáticamente éste último se sitúa por delante en el orden de mérito y el de Cataluña se quedaría fuera», han advertido.
Ante este impuesto, lo normal sería que «los ciclos combinados no lo puedan repercutir. Si lo hacen, se quedan fuera del despacho«, han destacado las mismas fuentes.
Situación distinta serían las nucleares. Las eléctricas han advertido la posibilidad de cierre de estas centrales si su rentabilidad es inferior a los costes. Estas plantas tienen que ofertar en función de su coste variable, un precio bajo en relación al coste de la energía. Y es que, las centrales nucleares no son necesarias en las horas valle, cuando el precio de la luz y la demanda de electricidad son bajos.
LAS NUCLEARES NO CUBREN COSTES
«Un impuesto de este tipo provoca que las nucleares funcionen unas horas menos respecto al funcionamiento normal», pero con la salvedad de que podrán trasladar el impuesto al precio, aunque apenas repercutiría. Su influencia es «prácticamente nula», destacan las fuentes.
Por otro lado, Endesa, Iberdrola y Naturgy valoran el cierre de las centrales nucleares debido al nuevo anteproyecto de ley de minoración del CO2. «Es una posibilidad muy real«, han afirmado las fuentes consultadas. Hasta ahora, las nucleares son deficitarias y no recuperan los costes. Sin embargo, con los precios tan elevados, sí pueden recuperarlos. «Pero no es una situación que ocurra todos los años«, han destacado las fuentes.
La esperanza de recuperar los costes a futuro disminuye sin llegar a ser nula, es decir, que las centrales podría ser rentables en el futuro si la normativa no se modifica. Si entrara en vigor la nueva ley, esta perspectiva es cero. «La entrada de esta ley provoca un descuento de ingresos a los productores de CO2«, han señalado las fuentes. «Con las condiciones actuales, las centrales no serían viables«, han profundizado.
LA POSIBILIDAD DE CIERRE DE NUCLEARES ES MUY REAL
Las eléctricas, por otro lado, no pueden cerrar las centrales nucleares de un día a otro. Para ello, deben pedir una serie de permisos y que éstos se aprueben. En caso de que el Gobierno lo impida, las empresas propietarias de estas plantas dejarían de pedir nuevas licitaciones y prórrogas de licencias para dejarlas morir lentamente. «No pedirán extensiones de las autorizaciones que vayan caducando«, han apuntado.
«El Gobierno no puede obligar a las eléctricas a prorrogar licencias«, han continuado las fuentes del sector. «Si la autorización caduca y no se pide la renovación» habrá que cerrarlas. Endesa e Iberdrola han planteado el cierre de las centrales nucleares de Ascó y Trillo, pero hasta ahora no hay decisión en firme.
En el caso de que se apagaran las nucleares españolas los efectos serían muy graves. «El precio de la electricidad se dispararía», han aseverado las mismas fuentes. «El carbón y la nuclear estabilizan el precio de la electricidad, mientras que las energías renovables fijan el precio muy bajo. Sin embargo, no siempre hay Sol y viento para abastecer la demanda. El problema se centraría en las centrales de ciclos combinados, cuyos precios fluctúan con mayor virulencia debido a su dependencia del gas. «El precio será más volátil con un sistema basado en renovables y ciclos combinados», han concluido.
