El 25 de mayo de 2020 las portadas de los principales periódicos nacionales, impresos y digitales, transmitían la consigna gubernamental de «salimos más fuertes». No sólo eso. Sánchez y su Gobierno al inicio del primer estado alarma se comprometieron a no «dejar a nadie atrás».
Y muchos españoles les creyeron porque este era, supuestamente, el «Gobierno del progreso y de la gente» que venía a devolver la dignidad a nuestra democracia y a mejorar las condiciones de vida de los españoles.
Un año después, España lidera el desempleo femenino y juvenil en la Unión Europea y el escudo social del gobierno se ha convertido en un paraguas que solo protege a un tercio de los hogares que lo necesitan.
La factura de la luz ha ido subiendo mes a mes hasta alcanzar máximos históricos el pasado mes de junio, y el Gobierno ha aprobado una insuficiente y temporal bajada de impuestos que solo será efectiva hasta final de año.
Un año después y, tras haber declarado a las peluquerías y centros de estética servicio esencial, el Gobierno excluye al sector de las ayudas y la presidenta socialista del Senado anula la rebaja del IVA del 21% al 10% para el sector aprobada por la Cámara Alta.
Doce meses después, tras haber intentado apropiarse de los ahorros de las entidades locales, el Gobierno de Sánchez y Podemos sigue ignorando las necesidades de las entidades locales.
No ha dado un sólo euro nuevo de ayudas a las entidades locales desde que comenzó la pandemia y ha reducido su participación en los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, cuando el gasto público local representa más del 14% del gasto público total en España.
No ha cumplido su compromiso de habilitar un fondo de, al menos, 3.000 millones de euros para ayudar a las entidades locales en su lucha contra los efectos de la pandemia.
Y aunque la ministra de Hacienda presumía en 2020 de que las entregas a cuenta, que reciben las entidades locales por la participación en tributos del estado, se actualizaron conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, este era un «regalo envenenado».
Ya que esta irreal y propagandística actualización supone que en el año 2022 los gobiernos locales tendrán que devolver al Ministerio de Hacienda 3.000 millones de euros en lugar de emplearlos en mejorar la vida e sus vecinos.
Y como paso con el IVA de 2017, y a menos de 6 meses para que comience el 2022, el gobierno no ha previsto ningún mecanismo para evitar que esa liquidación negativa lleve a la quiebra a miles de ayuntamientos y ponga en riesgo los servicios y ayudas que reciben millones de españoles.
Tampoco ha previsto medidas para hacer frente a la descomunal deuda y déficits públicos que, de no controlarse, llevarán a nuestro país a la quiebra.
Por el contrario, Sánchez y sus ministros si han tenido tiempo para conceder 53 millones de euros a una aerolínea venezolana, otorgar unos indultos indignos a los que tratan de destruir nuestro país, cuestionar las decisiones del Tribunal Supremo y decidir que la Abogacía y la Fiscalía del Estado no presenten demandas ante el tribunal que persigue el uso ilegal de dinero público por los líderes del procés.
Y todo para asegurarse dos años más de sueldo y coche pagados por todos nosotros, hacer realidad esa frase de «la internacional» que dice «el mundo va a cambiar de base y los nada de hoy todo han de ser» y salir, ellos sí, más fuertes de la pandemia mientras dejan atrás a los españoles.
