La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha anunciado que el nuevo programa de compra pública innovadora de tecnologías de ciberseguridad, puesto en marcha por Instituto de Ciberseguridad (Incibe), movilizará 224 millones de euros en los próximos tres años.
Lo ha dicho durante la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC) este martes, en una sesión en la que ha participado la gerente del área de Apoyo a la Empresa, Industria, Emprendimiento e I+D+i de Incibe, Lola Rebollo; el consejero delegado de Pildo Labs, Santiago Soley, y Ana Ayerbe en representación de Renic.
Además, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es canalizar desde Incibe más de 500 millones de euros en los próximos cinco años en ayudas al sector de esta industria, teniendo en cuenta que la pandemia ha supuesto un aumento del 30% en ciberataques, algo que ha interpretado como «una oportunidad» para reforzar el país.
Los fondos irán destinados a impulsar la adquisición de productos y soluciones tecnológicas de la ciberseguridad por parte de la administración pública, porque las empresas «necesitan un cliente de referencia, alguien que confíe en ellas», y que además le ayude a mejorar su producto.
De hecho, esta iniciativa nace de una consulta pública realizada entre empresas del sector que concluyó, según Artigas, en la necesidad de que el Gobierno «liderase la compra pública innovadora», y mediante ella quiere mejorar las relaciones entre compañías y administración pública.
«Tenemos unas industrias muy potentes, muy reconocidas, pero nos falta dimensión», ha defendido, por lo que hace falta invertir en innovación y reforzar la concienciación hacia la importancia de la ciberseguridad, acelerada por la transformación digital.
UN PRODUCTO «TESTADO» EN LA ADMINISTRACIÓN
Rebollo ha añadido que el proyecto pretende ayudar a las pymes y a los centros de conocimiento y tecnológicos, para que puedan utilizarlo y desarrollar soluciones atractivas para los inversores al tener «un producto testado en una organización pública».
Concretamente, se destinarán 86 millones de euros a programas conjuntos de I+D+i; 25 millones a soluciones para pymes; 40 para los sectores estratégicos enmarcados en la nueva NIS2; 30 a soluciones para el fortalecimiento de las administraciones públicas; así como dotación de infraestructuras y soluciones tecnológicas para Incibe, y herramientas de formación y capacitación de talento.
Ayerbe ha reflexionado sobre el hecho de que «la industria de la ciberseguridad tiene una oferta sofisticada pero la demanda es más básica» y ha asegurado que la compra pública innovadora puede ser un dinamizador y revulsivo –en sus palabras– del sistema de ciberseguridad.
Soley, en representación de las pymes, ha puesto en valor la importancia de «saber cómo desarrollar estas soluciones con la administración» y ha asegurado que la compra pública permite optimizar los resultados con los recursos existentes.
