Ada Colau ha celebrado su sexto aniversario como alcaldesa de Barcelona con la expropiación forzosa de la emblemática Casa Buenos Aires y el derribo el histórico inmueble de la antigua cooperativa Flor de Maig.
Durante estos años, la regidora ha obstaculizado por todos los medios disponibles la inversión en hoteles e inmuebles para ahogar al turismo. Mientras, instalaba viviendas en contenedores de barco. Todo ello no exento de batallas judiciales, que por ahora ha perdido en todas ellas.
SIN NUEVOS HOTELES POR LAS MORATORIAS DE COLAU
Colau ha mostrado su fobia a las iniciativas privadas en vivienda desde el inicio de su etapa política. En su primer año, la activista impidió la apertura de nuevos hoteles, denegando sistemáticamente las licencias. De esta forma, provocó que los inversores prefiriesen Madrid, Andalucía o Valencia antes que Barcelona, atrayendo ahora más turismo.
Las medidas de Colau han tenido efectos notables en los precios de los hoteles en Barcelona. Las habitaciones tienen un valor estimado de unos 400.000 euros, aunque se han llegado a vender por unos 600.000, como ha pasado recientemente con un Ohla. Con la pandemia, sin embargo, estas valoraciones han caído con fuerza. En este momento, establecimientos de lujo, como el Fairmont, no logran colocarse en el mercado ni a precio de derribo. El pasado mes de abril, este cinco estrellas tenía pretendientes, pero no ha llegado a materializar la operación que le salve del concurso de acreedores, con una deuda cercana a los 40 millones de euros.
LA EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA ‘OCUPADA’ CASA BUENOS AIRES
Pese a la polémica generada con esta primera medida, Colau dio la puntilla a la inversión en la ciudad de Barcelona con una segunda moratoria. Era 2017. El plan de Colau obligaba a estos establecimientos a reducir en un 20% sus plazas si se ejecutaban obras que podrían afectar a la estructura de los edificios, un articulado que ha sido anulado por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo tras no admitir el recurso del Consistorio contra el Gremio de Hoteleros de Barcelona.
Pero Colau no desfallece en su lucha contra los hoteles y el cambio inmobiliario. En el ecuador de su mandato, la regidora barcelonesa ha dado luz verde al inicio de la expropiación de la Casa Buenos Aires. Este emblemático inmueble es objeto de una lucha batalla judicial entre el Ayuntamiento y sus dueños, una congregación religiosa.
CASI 4 MILLONES DE EUROS COSTARÁ LA CASA BUENOS AIRES A LOS BARCELONESES
Por otra parte, Colau ha iniciado la expropiación forzosa de la Casa Buenos Aires, un edificio ahora protegido y por el que los barceloneses pagarán 3,75 millones de euros, según señalan fuentes municipales a MERCA2. Este inmueble es objeto en una batalla judicial entre los propietarios y el Consistorio. Tan sólo el Partido Popular votó en contra de la aprobación inicial de este nuevo plan urbanístico de Barcelona.
UNA BATALLA JUDICIAL TRAS PEDIR EL DERRIBO DEL INMUEBLE
El edificio modernista, ubicado en una zona privilegiada de Vallvidrera, data de 1886. El Ayuntamiento pretende convertirlo en alojamientos sociales para mayores y jóvenes, mientras que los vecinos exigían levantar equipamientos para el barrio. A los propietarios apenas se les ha dado voz en esta lucha. De hecho, el Ayuntamiento, con los apoyos de ERC, PSC y Barcelona en Comú, ha cambiado la calificación urbanística para protegerlo. La Congregación de Padres Paúles, propietarios del inmueble, sellaron un acuerdo con el fondo London Private Company. Este nuevo propietario trata de derribarlo para construir un hotel de lujo.
La expropiación forzosa se ha anunciado a través de la Gaceta de la Provincia, donde se ha identificado la relación inicial de bienes y derechos afectados por la expropiación. Los propietarios tendrán ahora el plazo de 20 días para dar sus alegaciones a la medida.
UNA VENTA CERRADA Y UNA OCUPACIÓN
Esta vivienda pertenece a la Congregación de Padres Paúles, quienes habían cerrado un acuerdo para vender el edificio al fondo de inversión London Private Company para convertir el espacio en un hotel de lujo. Sin embargo, los vecinos ocuparon el edificio sin la oposición del Ayuntamiento, uno de los motivos por los que se investiga a Sanz. En 2018, Colau decidió otorgar una catalogación especial al inmueble, evitando así que fuera pasto de la piqueta.
Por esta orden, los dueños denunciaron a Sanz, por cometer presuntamente obstrucción a la justicia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos al entender que se permitió la ‘ocupación’ del inmueble por parte del Consistorio. Ante el juez, la mano derecha de Colau justificó la expropiación, mientras que los Mossos desalojaron a los ocupas en octubre.
LA ANTIGUA SEDE DE LA COOPERATIVA FLOR DE MAIG REDUCIDA A ESCOMBROS
No es el único edificio histórico de la Ciudad Condal que se encuentra en el foco. Y es que, Colau ha permitido el derribo de la sede de la antigua cooperativa Flor de Maig, situado en el barrio de Sant Gervasi-Galvany. En menos de un mes, este inmueble será reducido a escombros para levantar un edificio de apartamentos, tal y como pretende la promotora promotora Sunway, propietaria, entre otros, de establecimientos hoteleros y apartamentos para turistas.
El inmueble, de poco interés patrimonial para el Ayuntamiento, es de inicios del pasado siglo (1918) y se encuentra en el barrio de Galvany. Este inmueble, tal y como han pedido sus propietarios, pasará a ser un escombro en un mes. El Gobierno municipal estudia la posibilidad de incluirlo dentro del catálogo del patrimonio de la ciudad.
Es un monumento simbólico del asociacionismo de Barcelona. En la parte baja se encontraba la tienda cooperativa; arriba, un amplio y emblemático bar. El edificio se vacío en los años cincuenta, y desde entonces ha pasado desde una carpintería hasta el bar de copas Universal.
JxCat se muestra contrario a esta obra, al entender que existe una falta de voluntad política para evitarlo. Desde el Consistorio han asegurado que se trata de un edificio común y corriente, sin especial interés ni arquitectónico ni patrimonial. Dos varas de medir para dos inmuebles situados en la misma ciudad. El concejal del distrito y teniente de Seguridad, Albert Batlle, asegura que es una «casa abandonada» y por tanto no debe protegerse.
