El PSOE defenderá este miércoles en el Congreso exigir a la banca una serie de compromisos para minimizar el impacto negativo en la sociedad en sus decisiones de reestructuración, incluida la pérdida de empleo, las condiciones laborales de sus trabajadores y la exclusión financiera por el cierre de oficinas.
Así lo plantea en una proposición no de ley que llevará a la próxima Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por CaixaBank, inicialmente para casi 8.300 de sus trabajadores, tras adquirir al Estado la rescatada Bankia.
Y es que, pese a reconocer que la entidad «ha suavizado los recortes en 500 personas» después de que el Ejecutivo le llamase a «repensar su plan de reducción», los socialistas consideran que la magnitud del ERE «aconseja una mayor acción por parte del Gobierno». Todo ello después de saberse, apostilla el PSOE, que más entidades, como BBVA, plantean recortes en sus plantillas.
FLEXIBILIDAD INTERNA, ALTERNATIVAS AL DESPIDO Y RECOLOCACIÓN
Concretamente, el PSOE quiere que el Gobierno impulse la asunción por el sector financiero de «una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración».
Estos compromisos, prosigue, deben cubrir la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus empleados o la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer.
También quiere que figure un compromiso para que a la hora de proponer retribuciones variables para sus directivos estas dependan de las condiciones de los trabajadores de la entidad, la calidad del servicio a los clientes, así como de la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera.
LA SOSPECHA DE SI CAIXABANK QUIERE «ENJUGAR PÉRDIDAS» POR LA CRISIS
Pese a no citar en su parte propositiva el ERE en CaixaBank, en su exposición de motivos el PSOE señala cómo la propuesta inicial pasaba por reducir casi un 19% su plantilla y el 27% de su red comercial, con 1.500 oficinas menos, esgrimiendo necesidades organizativas y productivas tras la compra de Bankia.
Sin embargo, apostilla en su iniciativa, los sindicatos consideran que se pretende «ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades», siendo el objetivo último, sostiene, «enjugar unas pérdidas motivadas también por la grave crisis ocasionadas por la pandemia de Covid-19, a costa de reducción de plantilla y renegociar unas condiciones laborales a la baja, incluidos recortes en los salarios y en las prestaciones sociales».
