El pasado mes de diciembre, durante su intervención en una jornada conmemorativa del 60 aniversario de la OCDE, Pedro Sánchez destacó diversas medidas que vendrían a demostrar el progresismo y la defensa de los más desfavorecidos que, según su propio relato, caracterizan al gobierno de PSOE y Podemos.
Las medidas mencionadas por el presidente fueron «el aumento del salario mínimo, la creación de una renta mínima de inserción para las familias más vulnerables y la protección de los empleos durante la pandemia«.
Obviamente después de que la factoría de ficción de la Moncloa defina un encuentro de 30 segundos en un pasillo con Joe Biden como «cumbre bilateral» España-Estados Unidos, no puede extrañarnos que trate de «colarnos» un relato que está a la altura de las más fantasiosas producciones hollywoodienses.
Pero, y siguiendo con el símil cinematográfico, el documental titulado «España» nos muestra una realidad totalmente diferente.
España lidera el desempleo en la Unión Europea. Nuestra tasa de paro (15,4%) duplica la media de la Unión (7,3%), el desempleo femenino (17,4%) también es el doble que el de nuestros vecinos europeos (7,6% en la Unión Europea) y la tasa de paro juvenil es 20 puntos superior a la europea (38% frente al 17% europeo).
Un año después de su creación, el Ingreso Mínimo Vital, una mala copia de las rentas mínimas de inserción que llevaban años -e incluso décadas- vigentes en las comunidades autonómicas, solo llega a una cuarta parte de los hogares (300.000) que lo han solicitado (1.300.000) y a los que el Gobierno progresista de Sánchez y Podemos prometió que no iba a dejar atrás.
Y el Banco de España ha determinado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22% ha reducido el empleo hasta en 174.000 puestos de trabajo por la conjunción de dos efectos. Por un lado, los trabajadores con menor salario perdieron su trabajo en una mayor proporción que antes de la subida; y, por otro, se frenó la creación de nuevos empleos.
La realidad demuestra, como ya se había advertido desde diferentes instituciones, que la subida del salario mínimo perjudica a aquellos a quienes el Gobierno dice defender, a los más vulnerables. Por ejemplo, como admitió a finales del año pasado el secretario de Estado de Seguridad Social, la subida del SMI aprobada por el gobierno impactó contra las empleadas de hogar y los trabajadores del campo además de aumentar la economía sumergida.
Se puede decir que los cargos públicos de Podemos son de los pocos españoles a los que beneficiaba la medida porque durante un breve periodo de tiempo, mientras fingían no ser casta para llegar al poder y atrincherarse en el despacho y el coche oficial, su sueldo estaba fijado en como máximo 3 veces el salario mínimo.
Pero al margen de constar la hipocresía de la nueva política ¿qué mueve al Gobierno a volver a plantear una nueva subida del SMI cuando ya conoce su negativos efectos entre la población más vulnerable?
Una ideología que les lleva a plantear también la derogación de la reforma laboral del año 2012 que permitió crear 3 millones de empleos flexibilizando nuestro mercado de trabajo y la desaparición «de facto» de los contratos temporales –impulsados por otro gobierno socialista en 1984- que dejaría a 1,5 millones de trabajadores al borde del desempleo.
Una ideología, la comunista, que Sánchez abraza sin ruborizarse yque supone la pobreza para el pueblo y los privilegios para los dirigentes.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
