Madrid carece de vivienda de nueva construcción. El norte de la capital está saturado y hay poco espacio para edificar. En este oscuro horizonte aparece el sur como la gran esperanza inmobiliaria. Más de 5.000 hectáreas de terreno que supondrán cerca de 118.000 hogares. O no, porque una disputa entre el Ayuntamiento de Madrid, los propietarios del suelo y la Justicia amenazan con paralizar la creación de seis nuevos barrios.
El modelo de ciudad tiene la culpa. Este pasado mes de febrero, el consistorio madrileño aprobó un nuevo ‘Plan Director’ enmarcado dentro del desarrollo del sureste de la ciudad. Las nuevas directrices plasmadas en este texto fructificaron de las ‘mesas sociales’ organizadas por concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo. «El nuevo plan director se elaboró dentro de las directrices de los servicios técnicos del Ayuntamiento», ha afirmado el edil en unas jornadas donde se debatía sobre el futuro del sureste en el Colegio de Ingenieros de Madrid.
Las palabras del edil no han sido elegidas al azar. Son una respuesta a las acusaciones que le han llovido desde el sector privado. Los promotores de los terrenos afectados por la paralización de los proyectos han acusado al equipo de gobierno municipal de intentar hacer política con este plan director.
De momento, este nuevo rumbo aplaza de manera inmediata el desarrollo de todas las viviendas que no estén enmarcadas dentro de la primera fase del planeamiento. Cada uno de los barrios se encuentra en una fase distinta -hay algunos que ya están en ejecución-. Pero hay algo que les une a todas a las promociones: todas tienen aprobado el plan parcial. «Esto supone que los propietarios del terreno tienen derechos adquiridos y por lo tanto pueden reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas», ha afirmado José María García, director general de vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid en esta jornada organizada para debatir sobre este polémico asunto.
En esta charla también han participado Fernando Contreras y Mauricio Fernández de Clerk, dos miembros de las juntas de compensación de ‘Los Berrocales’ y ‘Valdecarros’, respectivamente. Su presencia estaba justificada en tanto en cuanto el Ayuntamiento intenta suprimir estas juntas en base a la redacción del nuevo ‘plan director’.
Estas juntas de compensación van a vender muy cara su desaparición. De hecho, solicitan al consistorio madrileño que antes de paralizar todo el proyecto puedan edificar las primeras fases, para después sentarse a debatir. El más crítico con la situación ha sido Contreras: «La nueva distribución del terreno atiende a razones políticas, no técnicas».
Precisamente, las juntas de compensación han sido las encargadas de elaborar un informe para cuantificar las indemnizaciones. «Tras el estudio se determina que las penalizaciones podrían ascender a más de 1.500 millones de euros», ha afirmado Fernández De Clerk. O lo qué es lo mismo, el 34% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. «Al final, esto lo vamos a pagar todos los madrileños con nuestros impuestos», ha explicado García.
Lo cierto es que el plan director contempla en sus páginas la posibilidad de indemnizar a los propietarios del suelo. Esto es así porque las nuevas directrices podrían entrar en conflicto con el plan general de ordenación urbana del año 1997. Un plan general que ha estado casi 20 años en los tribunales y que ahora ya es una realidad.
UN PLAN GENERAL MARCADO POR LOS TRIBUNALES
«Mi plan general del año 97 no era una propuesta política. Espero que Calvo me crea y comprenda que era una propuesta técnica. Para bien o para mal el responsable fui yo», ha explicado Luis Rodríguez Avial, arquitecto encargado de la elaboración de este plan general que también ha sido invitado a la jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Madrid.
El ‘padre’ de este plan también se ha mostrado muy crítico con la labor del Ayuntamiento de Madrid en esta operación que puede ser un nuevo ‘caso Chamartín’. «Me preocupa la situación de los funcionarios urbanísticos que estén encargados del nuevo plan director del sureste de Madrid. Y le advierto que tengan cuidado con lo que firmen por si incurren en algún tipo de ilegalidad», ha afirmado Lasheras.
Pero los responsables del Ayuntamiento no son tan pesimistas en este sentido. «El plan director no pretende parar nada y las compensaciones que se manejan no está ni cerca de los 1.500 millones de euros que han fijado desde las juntas», ha explicado Carlos Lasheras, director general de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
«El problema es que estamos limitando a la mitad el suelo urbanizable y lo que es peor, estamos retrasando los proyectos una o dos décadas. Con lo cual los precios de la vivienda subirán y las rentas más bajas tendrán que marcharse de Madrid. Ya se ha solicitado la anulación del plan director porque no se ha sometido a votación pública, aprobación del pleno… En pocas palabras no tiene fundamentos jurídicos», ha explicado Fernández de Clerk.
Otro de los problemas que plantea la construcción de más de 100.000 viviendas en el sureste de Madrid es el transporte público. En estos momento, sólo la línea 7 y 9 llegarían a estas zonas. «Algo insuficiente», en palabras de Alfonso Sánchez, gerente del Consorcio de Transportes. En este sentido, Calvo se ha mostrado muy crítico con la labor de Sánchez: «Queremos hacer barrios, no ghettos para depender del vehículo privado».
EL TRANSPORTE, OTRO PROBLEMA PARA EL SURESTE
«La Comunidad de Madrid hace una aportación de 1060 millones de euros y el Ayuntamiento algo más de 150 millones euros y el estado 126 millones de euros en el Consorcio Regional de Transporte. Espero que en el futuro el Ayuntamiento pueda hacer una mayor aportación económica para hacer un Madrid más accesible», le ha recriminado al edil el gerente del Consorcio.
Al final, el Sureste de Madrid no es sino otra ‘Operación Chamartín’. De hecho, tiene todos los ingredientes: tensión entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, enfado de los promotores, reducción del número de viviendas y por último, retraso y paralización de las obras. Sea por motivos políticos o técnicos los que en realidad pagarán las consecuencias son los madrileños. Ciudadanos que contemplan como el alquiler no para de aumentar en el centro, mientras en la periferia no se construye.
