Los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende conceder a los condenados por realizar un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y, posteriormente, proclamar la independencia y la constitución de una ilegal república catalana van a tener un alto coste moral, político y económico para España.
El coste moral queda meridianamente claro al leer el demoledor y clarísimo informe emitido por el Tribunal Supremo respecto a la posibilidad de indultar a los líderes del procés. Un informe que fue aprobado por unanimidad y en el que se afirma que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar «los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional».
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Pero ¿le preocupa a Sánchez asumir ese coste o riesgo moral? No, porque serán otros, las instituciones básicas de nuestro estado de derecho, el resto de las administraciones públicas, las empresas y, en último término, los españoles quienes asumirán las consecuencias del daño reputacional que esta decisión provocará en la imagen de España.
A Sánchez sólo le preocupa el riesgo de perder el poder y por eso está dispuesto a asumir el alto coste político que supone otorgar estos indultos cuando los condenados no sólo no han mostrado arrepentimiento sino que expresado, de manera pública y reiterada, su voluntad de reincidir en los delitos cometidos; y cuando tanto el tribunal sentenciador como la fiscalía han mostrado su rotundo rechazo a la concesión de esta medida de gracia.
COSTE POLÍTICO EN UNA DOBLE VERTIENTE
Por un lado, el alto coste electoral que podría tener que pagar el PSOE si el gobierno lleva esta decisión hasta el final puesto que, según han mostrado algunas encuestas, el 80% de los españoles y el 72,5% de los votantes socialistas están en contra de los indultos. Un coste que para Sánchez no es tal ya que su partido y el país al que representa le importan tan poco que está dispuesto a venderles a cambio permanecer en su poltrona dos años más.
Por otro, el coste de mostrar sin ambages la extrema debilidad de este gobierno. Una extrema debilidad que ya ha sido aprovechada por el Partido Nacionalista Vasco para pedir un nuevo modelo territorial y volver a reclamar el ejercicio pactado del derecho a decidir.
Una extrema debilidad que también ha aprovechado Marruecos para enviar 10.000 inmigrantes irregulares a Ceuta y para amenazar al gobierno de España con respuestas más contundentes si no atiende sino atiende sus peticiones.
Un descrédito y una debilidad que tienen su traslación económica porque un país cuyo gobierno no defiende ni respeta las decisiones judiciales y que cambia la ley según su interés, es un país sin seguridad jurídica y poco fiable del que huye la inversión extranjera.
Una huida que ya es una realidad puesto que en 2020 la inversión extranjera descendió un 0,76% en España y un 22,71% en Cataluña mientras que en la Comunidad Madrid creció un 23,6%.
Me permito recordar al presidente del Gobierno que el camino del apaciguamiento nunca ha tenido éxito y que, como le dijo el insigne Winston Churchill al primer ministro Chamberlain, si indulta a los sediciosos habrá elegido conscientemente la humillación y el descredito de nuestro país y, en un futuro no muy lejano, tendrá la ruptura y la ruina llamando a las puertas de España.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
