El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado este lunes que el Consejo de Ministros de manaña apruebe el primer paquete de la reforma de las pensiones debido a que aún no está cerrado el acuerdo con los agentes sociales y a que debe pasar antes una serie de trámites.
Escrivá, en declaraciones a RNE, ha afirmado que sería «demasiado prematuro» llevar esta reforma al Consejo de Ministros de este martes y ha subrayado que ésta no se va a tramitar como Real Decreto-ley, sino como ley, por lo que antes tiene que pasar trámites como la audiencia pública.
El ministro ha señalado que se está «afinando» el texto normativo de la reforma con los agentes sociales y no sabe si esta misma semana podrá cerrarse el acuerdo.
Lo que sí ha dejado claro es que sindicatos y empresarios saben que la reforma tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo año porque es un compromiso asumido por el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación. En todo caso, espera que la reforma de pensiones llegue al Parlamento a lo largo del mes de julio.
En este primer paquete de reformas se incluye la revalorización de las pensiones con el IPC y una serie de medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, con incentivos positivos para demorar el retiro de manera voluntaria.
«No estamos modificando la edad legal de jubilación (…) Lo que hay son incentivos y en España tenemos muy pocos estímulos e incentivos sobre la jubilación demorada que no están bien diseñados ni publicitados. Quien esté en condiciones y quiera seguir en activo podrá prolongar su vida laboral y le vamos a premiar por ello», ha abundado.
Respecto a las jubilaciones anticipadas, Escrivá las ha cifrado en torno a 70.000 u 80.000 cada año y ha reiterado que el objetivo del Gobierno es desincentivarlas cambiando la estructura de los coeficientes reductores.
Respecto al factor de sostenibilidad, cuya derogación reclaman los sindicatos, el ministro ha recordado que esto está contemplado en el segundo paquete de la reforma, el que se abordará el año que viene, pero ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la derogación de este factor es «absolutamente firme» porque está mal diseñado y es «injusto» .
«Hay un compromiso de derogarlo sí o sí», ha apuntado el ministro, que ha recordado que hay tiempo para suprimir esta medida teniendo en cuenta que su entrada en vigor no estaba prevista hasta 2023. El factor de sostenibilidad se sustituirá por un mecanismo de solidaridad intergeneracional que, según ha precisado, aún «no está pergeñado», razón que también justifica que forme parte del segundo paquete de reformas.
«NUNCA HEMOS LLEGADO A PRESENTAR UNA PROPUESTA CONCRETA EN AUTÓNOMOS»
Preguntado por el nuevo sistema de cotización de autónomos en función de los ingresos reales en el que trabaja el Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos, Escrivá ha señalado que el Ejecutivo «nunca ha llegado a presentar ninguna propuesta concreta» y que se tiene que acordar con el resto de interlocutores.
«En los procesos se manejan borradores, documentos. Nosotros nunca hemos llegado a presentar una propuesta concreta (…). En lo que sí hay consenso con todos los representantes es en que haya tramos», ha apuntado el ministro, que ha explicado que la discusión, «que se dejará para el final», se centrará en definir cuántos tramos son y cómo se distribuyen por arriba y por abajo.
«HAY QUE TRABAJAR SOBRE EVIDENCIAS»
Sobre las acusaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que el ministro parece trabajar «en un labotorio», Escrivá ha restado importancia a estas declaraciones, atribuyéndolas al proceso de negociación de los ERTE y ha asegurado que es «muy comprensivo» con estas cosas.
«En el diseño de políticas públicas existe el convencimiento de que hay que trabajar sobre la evidencia, no sobre los pálpitos, las intuiciones y los intereses particulares. Nosotros defendemos el interés general», ha subrayado.