El Congreso debatirá la próxima semana una iniciativa de EH-Bildu que exige al Gobierno que en el asunto relacionado al uso del índice IRPH de las hipotecas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) defienda a los afectados por esta cláusula o que, al menos, adopte una postura neutral y no se persone en defensa de la banca.
Así lo plantea esta formación en una proposición no de ley a debate ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja del próximo jueves, en la que esta formación pide al Ejecutivo defender ante la Justicia europea que la falta de transparencia de este índice «comporta de manera automática el abuso y consecuente nulidad de la cláusula».
Todo ello después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya admitido a trámite nuevas cuestiones prejudiciales remitidas por un juzgado de Barcelona y otro de Ibiza acerca de la legalidad de este índice IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios).
El Tribunal de Estrasburgo ya dictaminó el pasado año que la cláusula del IRPH debía estar sujeta al control de transparencia tras lo cual el Tribunal Supremo, mediante cuatro sentencias, admitió que la cláusula no superaba el control de transparencia dictado por Europa, pero rechazaba que fuera abusiva.
EL GOBIERNO DEFENDIÓ A LA BANCA EN EL ANTERIOR LITIGIO
Tras ser considerada nula por varios tribunales, el Tribunal Supremo descartó en 2017 que pudiera ser abusiva al considerar que no cabía aplicar a dicha cláusula ningún control de transparencia. En marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) corrigió al Supremo determinando que esta cláusula sí que está sujeta al control de transparencia.
EH-Bildu destaca cómo el Gobierno decidió participar en este litigio y «defendió ante el TJUE los intereses de la banca, afirmando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente», con incluso una actitud «beligerante» que, asegura, «provocó encontronazos con el Tribunal y con el representante de la Comisión Europea.
En junio de 2018, la Abogacía del Estado ante el TJUE, que depende de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (UE), remitió un escrito durante la fase de alegaciones en el que se afirmaba que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor no va a entenderlas».
Además, critica Bildu, el Gobierno solicitó que, en el caso de que el IRPH fuera declarado nulo, esta nulidad no tuviera efectos retroactivos por el impacto que pudiera tener en la cuenta de resultados de las entidades bancarias.
