Duro Felguera sigue en manos del Ministerio de Hacienda. Así, la compañía está a la espera de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) articule el tan esperado salvamento que, pese a su aprobación hace más de 40 días, todavía no ha llegado. Curiosamente, la misma cartera pública, que dirige María Jesús Montero, que debe salir al rescate de la firma asturiana tiene su propia guerra con la compañía. En concreto, el fisco le reclama hasta 180 millones de euros en forma de impuestos atrasados, intereses de demora y expedientes, tras años batallando.
El pasado 9 de marzo, el culebrón de Duro Felguera parecía que tocaba a su fin. Ese mismo día, la firma de ingeniera asturiana recibía la autorización de la operación de apoyo financiero público con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, tras sellarse en el Consejo de Ministros. Pero el salvamento sigue encallado cerca de 40 días después. En el centro de la polémica está el actual consejero delegado, José María Orihuela, al que ni la banca ni la SEPI le quieren que prosiga en la compañía.
Aunque los problemas con el fisco siguen dificultando, también, la propia operación. Una parte importante del montante que reclama Hacienda se debe a las inspecciones practicadas por el Impuesto de Sociedades entre el 2010 y el 2012 correspondiente a su filial venezolana Termocentro. En total, el fisco reclama a la compañía cerca de 101 millones por pagos atrasados y otros 22 millones en forma de multa e intereses de demora. La enorme cantidad, que por sí sola ya es mayor al rescate pedido de 120 millones, ha provocado una intensa batalla judicial entre ambos que por el momento no tiene ganador.
LA PESADILLA DE VENEZUELA
Duro Felguera informa de que el proceso todavía se encuentra «pendiente de resolución», después de que en agosto de 2017 la compañía interpuso una reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Aunque la firma asturiana obtuvo una importante victoria a comienzos de 2020, cuando la Audiencia Nacional admitió la suspensión cautelar solicitada de la deuda de 123 millones. Además, el organismo judicial ordenó la paralización del embargo de inmuebles que había iniciado la Agencia Tributaria.
Pero la inspección del Impuesto de Sociedades entre 2010 y 2012 no es el único frente abierto que Termocentro le ha generado a Duro Felguera. Así, Hacienda reclama otros 30 millones a la compañía por ese mismo tributo, 25 millones de cuota y 5,2 millones de intereses de demora, dado que el fisco considera que en los años 2013 y 2014 tampoco se ejecutó correctamente. Una demanda que obligó a la compañía a moverse en materia judicial el año pasado. De hecho, el 12 de febrero de 2020 presentó una reclamación económico-administrativa ante el TEAC y el pasado 14 de diciembre se entregó un escrito con alegaciones.
Y todavía hay más. Así, en 2018 se inició un acuerdo de resolución de expediente sancionador, por un importe de 23 millones de euros, fundamentado en «la discrepancia de la Administración respecto a la base imponible imputada por la UTE Termocentro a sus miembros». El expediente, al igual que en el anterior caso, se encuentra pendiente de resolución, tras el recurso presentado en contra por parte de la compañía.
Entre las tres causas abiertas se reparte la práctica totalidad de la deuda oculta del grupo. Aunque todavía hay más, dado que Duro Felguera mantiene abierto al menos otros cuatro pleitos más, a pequeña escala, por sus negocios en Venezuela.
DURO FELGUERA SE JUEGA SU FUTURO EN 10 DÍAS
Los múltiples frentes abiertos de Duro Felguera con Hacienda parecen no preocupar a la directiva. La compañía ha decidido no provisionar prácticamente ninguna cantidad de dinero para hacer frente a posibles sentencias en contra. Aunque quizás tampoco hagan falta, ya que el futuro de la compañía está más en el aire que nunca. De hecho, los próximos diez días son claves para recibir el primer tramo de ayudas, con dos créditos de hasta 40 millones, que deberían servir para poner en marcha la maquinaria de la compañía.
Así, el 30 de abril la firma debería cumplir con los requisitos exigidos por la SEPI para recibir ese primer tramo. Pero la condición más importante, la salida de Orihuela como consejero delegado, todavía no se ha producido. El directivo se aferra a su cargo, mientras la banca y la firma estatal maniobran para sacarlo y activar el rescate. La guerra, según apuntan fuentes conocedoras del enfrentamiento, ya es total y la principal perjudicada está siendo la propia Duro Felguera.
De hecho, la firma asturiana apenas poseería liquidez en la tesorería para proseguir con su actividad. Duro Felguera ha estado quemando cerca de 25 millones de euros al trimestre, a lo largo del 2020 salieron 97 millones de efectivo, desde que comenzó la pandemia, una cifra que de repetirse en los primeros meses del 2021 habría dejado prácticamente a cero su caja. Por ello, se estableció inicialmente para el 30 de marzo la primera inyección del rescate, aunque posteriormente se alargó al 30 de abril. Pero incluso con la extensión el tiempo expira prácticamente ya y los problemas solo se multiplican.
