«Los Telediarios de TVE líderes en abril y durante 18 meses de forma ininterrumpida». Con este párrafo en una nota de prensa, que contiene parte de desinformación (ya que RTVE suma las audiencias del Canal 24 horas para ocultar que Antena 3 reina en sobremesa y Telecinco en el prime time), la Corporación pretende señalar que la audiencia manda y no las denuncias sobre los presuntos casos de manipulación que anidan en la Corporación Pública. Y este hecho afecta también esta semana, marcada por la participación de Amaia Romero y Alfred en Eurovisión.
Esta actuación llegará el sábado (con casi 450.000 euros de coste), y quizá ‘Operación Triunfo’ ha iluminado en parte la sombría despedida de José Antonio Sánchez, que se eterniza en el sillón por la torpeza durante meses para ponerse de acuerdo del PSOE, Ciudadanos y Podemos, y por el bloqueo actual del Partido Popular.
Es por ello que Sánchez, que lleva meses ironizando sobre sus maletas, ha premiado a la productora Gestmusic con la gran apuesta primaveral de La 1, ‘Bailando con las estrellas’ (donde destaca el fichaje de Bustamante en pleno culebrón del colorín), y con el principal plato otoñal, que será una precipitada nueva edición de ‘OT’. Pero el entretenimiento no oculta la polémica, al igual que Rosa López y David Bisbal no taparon el «C.C.O.O» de Alfredo Urdaci.
Y el vendaval llegó hace unos días hasta la Eurocámara con una petición que incluía según varios trabajadores de TVE «diversos informes mostrando cómo se ha manipulado y censurado. Y cómo se ha intentado utilizar la televisión pública como altavoz del gobierno y del partido que lo sustenta y no de la ciudadanía».
Pero lejos de Bruselas también se denuncia. Es el caso de la reportera Emilia Laura Arias, que ha señalado que le pusieron sobre la mesa una noticia sin contrastar que acusaba de fraude fiscal a Juan Carlos Monedero cuando Podemos asustaba a las empresas demoscópicas. Ella se negó, pero «otra persona sí lo hizo».
También por estos días circula a gran velocidad por las redes el manifiesto #Asísemanipula, en la que varias trabajadoras protestan porque a los ciudadanos «se les está negando su derecho de acceder a una información plural y de calidad. Por ello, queremos denunciar ante la opinión pública distintas prácticas habituales en la redacción que socavan la calidad e independencia informativa. Lo que se hace con el dinero de todos. No somos cómplices y nos negamos a aceptarlo».
Reporteros Sin Fronteras se sumaba a la protesta, en este caso señalando a Moncloa: «Es desastroso el bloqueo del PP a la reforma de RTVE, única ley de esta legislatura pactada con el consenso de toda la oposición; de la esperanza de una pronta regeneración de la televisión y la radio públicas, a entrar en un penoso período de incertidumbre, donde solo gana el partido en el Gobierno. Pedimos al grupo popular que rectifique lo antes posible, actúe con honestidad y desbloquee una ley que cumple con el deber constitucional de ofrecer a los ciudadanos una información pública plural y libre de manipulaciones».
Las quejas externas se intensifican. También las internas. Es el caso del programa RTVE Responde, que ha admitido que «citar a otros medios de comunicación cuando tomamos informaciones de los mismos es una obligación legal, y para tal seguimos los mandatos tanto de normas deontológicas como el Manual de estilo, como también de la propia ley de propiedad intelectual que nos obliga. Con esta frase desautorizaban a José Antonio Sánchez, que en el Senado explicó que «‘Informe Semanal’ no está ahí para ir citando fuentes», en clara referencia a la ausencia de citas a El Diario en un controvertido reportaje sobre la caída política de Cristina Cifuentes.
También ha levantado protestas la decisión de RTVE de no renovar ‘Desaparecidos’, que según el Defensor del espectador, oyente y usuario de la Corporación fue la queja más numerosa en abril: «Más de 300 nos han pedido que continúe emitiéndose». Y la protesta escogida fue de tarjeta amarilla para José Antonio Sánchez: «Es un programa que estaba realizando un gran servicio público. El tema de las desapariciones es candente, hay muchísimos casos aún por resolver. TVE no puede regirse únicamente por criterios empresariales, es decir los datos de audiencia no deben ser los únicos que decidan si se elimina algún programa». En este caso así ha sido.
