La Dirección General de Trabajo ha registrado y publicado el convenio colectivo para los empleados del sector de la banca, que será de aplicación a entidades como CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell o Bankinter.
La duración de este convenio se extenderá desde el 1 de enero de 2019, actualizándose las tablas y pagándose los atrasos desde entonces, hasta el 31 de diciembre de 2023. Su entrada en vigor se hace efectiva este mismo martes, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El nuevo documento, que afecta a unas 90.000 personas, fue firmado a finales del pasado mes de enero por los sindicatos que ostentan el 82,92% de representación en la comisión negociadora, es decir, por CCOO (48%), UGT (23,38%) y Fine (11,54%), así como por la patronal AEB.
En materia salarial, el documento recoge un incremento del 0,25% en 2019 (se actualizará en las tablas de 2021 y se pagarán los atrasos de 2019 y 2020 como pago único tras la publicación del convenio), un aumento del 0,5% en 2021, otro del 1% en 2022 y otro del 1,25% en 2023.
Además, las entidades que obtengan beneficio o repartan dividendos en 2021, 2022 y 2023 realizarán un pago único fuera de tablas del 0,25% en cada uno de esos años.
Por otro lado, se establece la percepción o consolidación de cuartos de paga, en función del resultado de la actividad de explotación (RAE-Empresa) en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. La participación en beneficios será desde un cuarto de paga, hasta un máximo de seis.
APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES
El nuevo convenio recoge aportaciones a planes de pensiones de 550 euros a partir de 2023, una ayuda alimentaria de 10 euros entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 (que ascenderá a 11 euros en 2023) y dietas de 35 euros este año para quienes pernocten fuera del domicilio (de 36 euros en 2022 y de 37 euros en 2023) y de 15 euros para quienes duerman en su casa (de 15,5 euros en 2022 y de 16 euros en 2023).
Igualmente, se amplía a toda la plantilla el seguro de vida, independientemente del estado civil, y con la posibilidad de incluir como personas beneficiarias a la que designe expresamente cada titular, siempre que se trate de conviviente o familiar de primer grado del mismo.
En cuanto a los permisos, apunta que computarán en días laborables, excepto el de matrimonio, que computará en días naturales. También se establecen 24 días laborables de vacaciones (fraccionables hasta en cuatro periodos), se crea un nuevo préstamo para atender necesidades diversas, se mejora el importe y los plazos del préstamo a la vivienda y se amplían los conceptos para solicitar los préstamos sin intereses.
En salud laboral, reconoce las agresiones y la violencia externa como riesgos del sector, a la vez que se pondrá en valor la formación de las plantillas como garantía de promoción, empleabilidad y profesionalidad.
SE REGULA EL TELETRABAJO Y LOS DERECHOS DIGITALES
El nuevo convenio sectorial regula por primera vez el teletrabajo, como ya hizo el firmado por la patronal CECA. Cuando el teletrabajo supere el 30% de la jornada, la empresa deberá proporcionar al empleado ordenador, teléfono móvil y silla ergonómica.
Además, entregará a quien lo solicite (o pagará hasta 130 euros para su adquisición) pantalla, teclado y ratón, y dará una compensación mensual de 55 euros proporcionales al porcentaje de teletrabajo que se realice.
Para aquellos empleados que teletrabajen menos del 30% de su jornada, la empresa proporcionará ordenador y teléfono móvil. Estas personas podrán realizar el teletrabajo desde el lugar que decidan.
En cuanto al teletrabajo por emergencias sanitarias o circunstancias de emergencia sobrevenidas, la empresa proporcionará a los empleados ordenador y teléfono móvil y entregará (o subvencionará con hasta 45 euros) pantalla, teclado y ratón, pudiendo realizarse el teletrabajo desde el lugar que decida la persona.
Otra novedad del nuevo convenio de banca es que regula el derecho a la desconexión digital, el derecho de intimidad ante el uso de dispositivos móviles, el derecho a la intimidad ante las grabaciones de llamadas, sonidos y geolocalización, el derecho a la educación digital y el derecho ante la inteligencia artificial.
