La creación de un parque público de vivienda en alquiler es uno de los principales objetivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que este lunes, además de impulsar la nueva Ley la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, ha hecho hincapié en la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo del 50% para esta tipología dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.
Esta opción afectaría tanto en actuaciones de nueva urbanización como en reforma o renovación de la misma, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística.
Entre las propuestas del Ministerio presentadas en la mesa de negociación, se ha instado a que haya «una definición clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley.
También aspira a que los ayuntamientos puedan modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI «con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad».
Por otro lado, para mejorar la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, el Ministerio propone mejoras en el procedimiento para garantizar una comunicación «efectiva y rápida» entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social.
En esta línea, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha instado a asegurar que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, «evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo».
Además, quiere introducir en el procedimiento de desahucio criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, para simplificar y agilizar el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.
Los equipos negociadores de la futura Ley de Vivienda han mantenido un encuentro este lunes. Según el Ministerio, esta reunión se ha producido después de que el equipo encabezado por Ione Belarra haya retrasado este encuentro durante varios días.
En la reunión, el equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por David Lucas, ha presentado nuevas propuestas para impulsar definitivamente la Ley. «El objetivo del Ministerio es seguir avanzando en soluciones conjuntas que permitan alcanzar un acuerdo definitivo sobre el texto», ha indicado el Ministerio.
PODEMOS PIDE APROBAR LA LEY «CUANTO ANTES»
La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha advertido este lunes al PSOE de que la nueva Ley de Vivienda debe aprobarse cuanto antes, pues ya «llegan tarde» para ejecutar el pacto de gobierno, y ha defendido que las elecciones madrileñas no puede ser obstáculo para ese objetivo ni usarse como «chantaje.
Además, ha reclamado a su socio de gobierno que se necesita «ser valiente» en esta nueva Ley de cara a «parar los pies a los fondos buitre», bajando el precio del alquiler mediante su regulación y movilizando vivienda vacía.
En rueda de prensa en la sede del partido y preguntada por el retraso a la hora de impulsar esta normativa, dado que no estará lista en marzo, ha subrayado que la Ley de Vivienda debería «estar ya aprobada», como se plasmó en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha advertido de que mejorar el acceso a la vivienda «es un compromiso» con la ciudadanía que no se puede condicionar a una cita electoral.
Por tanto, ha dicho que «no se puede hacer chantaje» con el derecho a la vivienda y que esta normativa debe aprobarse cuanto antes, con la regulación del precio del alquiler y medidas para obligar a movilizar vivienda vacía de grandes propietarios.
A continuación, Serra ha insistido en que el problema de España no radica en el número de viviendas, sino que se requieren medidas que afloren los inmuebles vacíos que hay actualmente.
Además ha insistido en que el modelo de incentivos que defiende el PSOE «no va a garantizar» que bajen los precios, como ha subrayado en un informe el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Frente a ello, la dirigente morada ha asegurado que este modelo a lo que contribuirá es «mermar los recursos públicos» y ha señalado que los impuestos en España al rendimiento del capital inmobiliario son «súper bajos».
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES
La Ley de Vivienda no verá la luz tampoco en el mes de marzo, como estaba previsto, a raíz de las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre el contenido de la normativa. De hecho, la norma podría retrasarse incluso hasta un mes más, por la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que tendrán lugar el 4 mayo.
La regulación del alquiler es el asunto más sensible de toda esta ley. El Ministerio de Transportes ha trasladado un sistema de incentivos a los propietarios que bajen las rentas a los inquilinos, mientras que en la formación morada advierten de que no admitirán «incumplimientos» del acuerdo de gobierno y han diseñado un modelo de techo de precios para zonas de mercado tensionados.
