España requiere de una inversión superior a los 5.000 millones de euros para mejorar el cumplimiento de las directivas y recomendaciones europeas en materia de agua y evitar sanciones millonarias por no contar en varias poblaciones con sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Así lo ha trasladado la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan, con motivo de la celebración este lunes 22 de marzo del Día Mundial del Agua y coincidiendo con los objetivos de la ONU de reducir en un 50% las aguas residuales sin tratar para 2030.
Sin embargo, solo el 32% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios, incumpliendo así por más de 30 años las directivas que marca la Comisión Europea e incurriendo en la imposición de multas.
Asimismo, España es el país europeo en el que más varían las tarifas dependiendo del territorio, pudiendo incrementarse hasta en cinco veces el precio por metro cúbico de agua dependiendo de dónde se viva, ya que algunas Comunidades Autónomas repercuten el 100% de los costes del ciclo integral del agua a los consumidores y otras no lo hacen, a pesar de que la directiva lo impone.
Otro dato más en contra de España es la inversión pública en protección de medio ambiente, en torno a 24 euros por habitante, un importe un 47% inferior a la media de la Unión Europea, lo que ha hecho que el país ya supere a Grecia en número de expedientes de infracción abiertos por este bajo nivel de inversión.
Según las estimaciones de Seopan, la solución a todos estos problemas requiere destinar 1.600 millones para la gestión integral de recursos hídricos, con nuevas presas de reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas, y otros 3.500 millones en medidas estructurales, destinadas a más de 190 actuaciones en depuración.
Además de cumplir la normativa europea, estas actuaciones permitirían que más de 2,1 millones de personas, en torno a 900.000 viviendas, se beneficien de esta depuración del agua, proporcionando un beneficio social medido por la mejora de la calidad ambiental del agua de 52,5 millones de euros cada año.
Aun con todo, España seguiría requiriendo de otras actuaciones clave para mejorar su infraestructura de agua, como la reposición de redes de distribución (depósitos y estaciones de bombeo y potabilización), que se calcula en 2.900 millones, o para prevenir la desertificación, sequía o inundaciones por otros 5.109 millones hasta 2033.
