Las grandes eléctricas que operan en España están en medio de una gran encrucijada. Se encuentran en la denominada transición energética que debe conducir a los países a tener una menor cantidad de emisiones contaminantes; pero a su vez se deben vigilar los precios que pagan los consumidores. Complejo, porque las energías más baratas son, por desgracia, las más contaminantes. Un verdadero galimatías. Por eso, las últimas palabras del presidente de Endesa son un fiel reflejo de la situación.
Este lunes tenía que dar la cara el equipo directivo de la energética. La Junta de Accionistas de Endesa, caldeada por la manifestación de cientos de trabajadores en las puertas de su sede oficial, ha dejado como gran titular la confusión sobre el futuro de las centrales térmicas que tiene la compañía.
La pregunta era muy simple: ¿Qué va a pasar con las centrales térmicas que funcionan con carbón? La respuesta, en un gran giro lampedusiano, no ha resuelto nada. El presidente de Endesa, Borja Prado, ha dejado claro que uno de los principales factores para determinar qué sucederá con este tipo de centrales será el precio final que tengan que pagar los usuarios. Es decir, no harán nada que perjudique a los consumidores. Del mismo modo, tener garantizado el propio suministro será fundamental en esa ecuación para determinar la situación.
Una situación, no obstante, en la que también tiene metida sus narices el Gobierno y quiere controlar lo que suceda. Pero todo se enreda cuando se reformula la pregunta bajo el condicionante que, su gran rival -Iberdrola- ha puesto sobre la mesa: ¿Qué va a pasar con las centrales térmicas que funcionan con carbón -si no son rentables-?
Aquí es donde empiezan las confusiones. Si las centrales no son rentables, asegura el presidente de Endesa, habrá que tomar medidas. «Nunca estaremos en inversiones no rentables», zanja el presidente de la eléctrica. Entonces, ¿cuál es el futuro de las centrales? ¿Qué sucede si no son rentables y se cierran afectando al precio? En este punto, Prado implora la responsabilidad del Gobierno, pero todo queda en el aire.
LA ENDESA NUCLEAR
La situación con respecto a las nucleares es similar. En este caso, si cabe, algo más complejo, puesto que algunas de las centrales comparte responsabilidad de gestión con Iberdrola. Por lo tanto, deben ponerse de acuerdo entre ambas empresas y, además, con el Gobierno.
Todo ello en el mismo contexto: el cierre de las nucleares por falta de rentabilidad podría afectar de manera directa al recibo de la luz con un incremento del precio. Así, al menos, lo han pronosticado los expertos de la comisión en un informe que mandó elaborar el Ministerio de Energía para que sirviera como fundamento de la próxima Ley de Cambio Climático.
Endesa defiende su extensión hasta los 50 o 60 años, Prado ha matizado que las decisiones entre los socios dueños de las plantas deben ser «por unanimidad» y confió en que serán capaces de ponerse «de acuerdo». «No vamos a tomar ninguna decisión en una planta nuclear que pueda afectar a la estabilidad de suministro. Eso lo consideramos una irresponsabilidad y no lo haremos. Confío en que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno y los socios». Misma situación, y de nuevo la pelota en un tejado indeterminado.
