Siete años con el yugo de la privatización encima. Un periodo de tiempo en el que la asociación ‘S.O.S Registro Civil’ ha luchado para que el gobierno no aplique una Ley aprobada desde el año 2011 y reformada en numerables ocasiones. Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha intentado salvar una ley que si nada cambia entrará en vigor en junio de este 2018. Los sindicatos continúan intranquilos porque el Ministerio prometió que no habría una privatización encubierta. Pero todo está el aire.
El Registro Civil, un servicio público que vive en el alambre de la privatización desde hace más de un lustro. Reformas de la Ley 20/2011, especificaciones, moratorias… De todo ha ocurrido en este periplo de tiempo. Pero la realidad es que si no se produce una nueva prórroga el próximo 30 de junio de este año 2018 tomará vigencia una ley impulsada por Alberto Ruiz Gallardón en diciembre de 2012.
Tras el último ‘decretazo’ del Partido Popular se aprobó el 4 de julio del año 2017 el calendario de cesión en varias fases, que se iniciaba en julio de 2015 y culminaría en enero de 2017. Las cesiones consistían en dejar en manos de un grupo de registradores mercantiles el control del Registro Mercantil. Pero todo continúa siendo una incógnita a día de hoy.
El problema es que a menos de 70 días que la ley vea por fin la luz todavía hay demasiadas incógnitas. Todavía no se conoce el número y la ubicación de las oficinas del Registro Civil. La idea del Gobierno Central es reducir el número de sucursales. La última propuesta del Partido Popular es la de garantizar una sola oficina por Comunidad. Esto supondría un cierre masivo de las cerca de 8.000 que se reparten por todo el territorio nacional.
Bajo esta clausura de sucursales se esconde la informatización de un sistema de registro antiguo, según las voces más críticas del funcionamiento actual. De todos modos, de producirse los cierres serán de manera gradual y en paralelo a la implantación de la plataforma digital. Además, la propuesta de los ‘populares’ también otorga la posibilidad de mantener según que oficinas si la comunidad autónoma en cuestión así lo solicita. Pero no aclara quién sufragará los gastos.
La intención también es crear oficinas habilitadas en cada uno de los ayuntamientos del territorio nacional, para solicitar cualquier trámite relacionado con el Registro Civil. El problema es que los consistorios no conocen la obligación que ha recaído sobre ellos y no han preparado nada, según denuncia S.O.S Registro Civil.
Por este motivo, la plataforma vaticina que los usuarios serán remitidos a la oficina central de cada comunidad y tendrán que desplazarse 70 kilómetros de media, según sus propios cálculos.
Aunque el peor augurio y posiblemente lo que más moleste al ciudadano tendrá que ver con la gratuidad del servicio. Según la asociación, dejarán de iniciarse expedientes de matrimonio civil. Esto supondrá que los recién casados deberán de acudir a un notario para, previo pago, realizar un expediente matrimonial. Es decir, a efectos legales no estarán casados hasta que la oficina del Registro Civil revise y otorgue validez la documentación remitida por la notaría.
EL PSOE APOYA UN NUEVO REGISTRO CIVIL
Entre las incógnitas también se encuentra el destino de los libros de los registros cerrados y de la documentación sobrante en sus archivos, según denuncia la asociación S.O.S Registro Civil. En el aire también está, según esta asociación la fecha, la forma y modalidad en que se procederá a la designación de los nuevos encargados y los sistemas legales o reglamentarios de sustitución. Además, la asociación defiende que más de 4.000 personas irán al paro tras esta reforma.
La informatización del sistema es el parapeto donde se ha atrincherado el PSOE para defender la aplicación de esta ley. Por este motivo, desde sindicatos como CCOO instan a los socialistas a retirar su apoyo. En este sentido, defienden que hay otros servicio públicos informatizados como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social no han visto mermados el número de sus sedes.
