El lodazal jurídico en el que está sumida la red de clínicas Vivanta no para de crecer. Así, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por los trabajadores de la compañía contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó la cúpula hace un par de meses, según ha podido saber MERCA2. Aunque el calvario judicial para el trío que maneja la firma -el fondo español Portobello, el estadounidense Ares y la entidad francesa BNP– no acaba ahí. De hecho, en los últimos días se han presentado otras dos demandas contra el grupo.
Vivanta ha sobrevivido a duras penas el impacto de la pandemia. La compañía que arrastraba una deuda enorme con sus acreedores, de más de 230 millones, se vio obligada a hacer malabares para salvar la situación. En primer lugar, la decisión de colocar a sus miles de trabajadores en ERTE. En segundo lugar, un crédito ICO y una reestructuración de sus créditos. Más tarde, la conversión de ese pasivo, que estaba en manos de Ares y BNP, en capital insufló oxígeno a la firma. Finalmente, el anuncio de un ERE para cerca de 280 personas que debía descargar los altos costes de personal que aseguraban los directivos del grupo que mantenían.
Pero lo que el covid-19 no ha logrado, tumbar la compañía, pueden conseguirlo los tribunales. Y no por culpa de los magistrados, sino por las presuntas trampas, atajos e irregularidades ejercidas por los directivos al mando de Vivanta desde su creación, varios años atrás. Ahora, el principal riesgo es qué pasará con el ERE anunciado, una vez que la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite la denuncia que busca declarar la negociación nula o improcedente, según explican a MERCA2 fuentes cercanas al caso.
LA AUDIENCIA DE LA NACIONAL TOMA PARTE EN EL ERE DE VIVANTA
El ERE se ideó desde un primer momento como condición indispensable para que Ares y BNP convirtieran su pasivo en capital. De hecho, se presentó el 27 de noviembre, mientras que la transformación de deuda en capital, en una operación presuntamente irregular, se ejecutó el 4 de diciembre. Así, una vez cerrada la operación financiera se procedió a negociar el número de salidas para cumplir con lo establecido. Finalmente, en el mismo mes de diciembre el grupo llegó a un acuerdo con los sindicatos (CCOO y UGT) para poner en marcha hasta 278 salidas. Una cifra que se redujo en 83 a cambio de la apertura de más de 100 centros durante los sábados.
Ese proceso ahora se ha parado de golpe, tras la intervención de la Audiencia Nacional. La batalla judicial arrancó como una defensa de algunos sindicatos minoritarios y el gigante sindical vasco ELA ante el movimiento del grupo. «Creemos que el ERE esta mal hecho desde todos los puntos jurídicos», explican fuentes judiciales del proceso. Entre los motivos que se alegan para impugnar el expediente están que la mesa de negociación no fue representativa, ya que no se incluyó, por ejemplo, al mismo ELA y otras pequeñas asociaciones. Además, presuntamente se ejecutó de forma irregular como persona jurídica, ya que se articuló a nivel de grupo, mientras que los ERTE, por ejemplo, se tramitaron como empresas individuales.
Las pruebas parecen haber sido suficientes, por ahora, para pasar el primer corte dentro de la Audiencia Nacional. Así, la Sala de lo Social del órgano judicial admitió a trámite la demanda y ha puesto la fecha de la vista para el próximo 27 de mayo, según explican a MERCA2. La sentencia podría llegar a lo largo del otoño, aunque no será definitiva, ya que ambas partes puede recurrir la misma ante el Tribunal Supremo.
EL LODAZAL JUDICIAL DE PORTOBELLO LLEGA HASTA BNP
Al varapalo de la Audiencia Nacional se suman, a su vez, dos demandas más interpuestas contra el grupo, una de las cuales ya ha está siendo estudiada por la justicia madrileña. Así, a lo largo de febrero el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid admitió a trámite una denuncia presentada por un franquiciado contra Vivanta en el que reclama la suma de 440.723 euros en concepto de daños y perjuicios por nulidad del contrato de franquicia, según ha podido saber MERCA2.
A lo anterior, se une una nueva demanda interpuesta por el expresidente de Unidental, Ignacio Martínez, en la que reclama 2 millones de euros por los incumplimientos de los contratos de compraventa de sus clínicas. El enfrentamiento entre Martínez y Portobello, el máximo accionista y propietario de Vivanta en aquellos momentos, viene de lejos.
De hecho, el pasado 21 de enero tuvieron que declarar ante el juzgado de instrucción número 49 en calidad de investigado por la querella criminal por estafa, administración desleal y falsedad: Ramón Cerdeiras Checas, como representante legal de Portobello Capital; Carlos Dolz de Espejo, socio del fondo; Jorge Morales como representante legal de Vivanta; Juan Olave, exconsejero delegado de Vivanta y, finalmente, Jordi González Burgada, exdirector financiero de Vivanta.
En definitiva, los frentes legales se agolpan bajo las siglas de Vivanta. Un lodazal en el que Portobello tiene, cada vez, más difícil escapatoria de forma limpio. Pero que ahora, tras los cambios del pasado 4 de diciembre, también involucra directamente a BNP como responsable necesario de los últimos movimientos, incluido el ERE que ahora se discute en la Audiencia Nacional. La crisis reputacional ya les costó su puesto a cuatro de los principales socios del fondo español veremos en adelante que ocurre con algunos de los nombres de la entidad francesa.
