Desde el año 2004, BBVA está llevando a cabo una política concreta sobre las actividades que desarrolla en establecimientos permanentes radicados en centros financieros off-shore. Incluso dispone de un plan para reducir su presencia. Algo que no suele ser muy habitual entre las empresas del Ibex 35.
Según un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia, 23 compañías del selectivo español no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros off-shore. Además, 15 enseñas del índice bursátil no informan ni sobre las políticas ni sobre los procedimientos realizados para luchar contra el blanqueo de capitales.
“Las empresas suelen informar de manera sesgada o indirecta y, en general, es necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la presencia de filiales en esos destinos”, asegura el informe.
Los depósitos de la clientela de BBVA en Islas Caimán fueron de 1.144 millones de euros a finales de 2017
Sin embargo, hay quien pone luz y taquígrafos sobre su presencia en territorios de baja o nula tributación, facilitan detalles sobre la ubicación, marco legal al que se acogen, actividad y volumen de negocio. Una de ellas es BBVA: “La realización de operaciones en territorios calificados como paraísos fiscales responden a la realización efectiva de actividad económica y generar valor, sin ser el objetivo de las mismas trasladar resultados a estas jurisdicciones para obtener una reducción de la carga tributaria o menoscabar la transparencia de BBVA”.
Otras entidades, como Repsol, se compromete «a no tener presencia en paraísos fiscales, salvo que esté justificado por motivos de negocio». También calificada como «limitada», su presencia en territorios calificados como paraísos fiscales o que se consideran no cooperantes con las autoridades fiscales.
BBVA y las Islas Caimán
Los establecimientos permanentes que el Grupo BBVA tiene domiciliados en centros financieros off-shore considerados como paraísos fiscales son una sucursal en Islas Caimán y, en el mismo territorio, cuatro emisores de valores: BBVA Global Finance LTD, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company.
La sucursal en las Islas Caimán, según explican en BBVA, se dedica a actividades de banca corporativa. Y advierte que, entre esas actividades, no está la prestación de banca privada. ¿Cuáles son sus principales magnitudes? Si nos centramos en el crédito a la clientela neto, a finales de 2017, fue de 1.499 millones de euros. Un año antes esa cantidad era de 805 millones. Es decir, que se ha incrementado en un 86%.
¿Y cuáles son los depósitos de la clientela? En este apartado el salto ha sido todavía mayor. Si a 31 de diciembre de 2017 era de 1.144 millones de euros, en la misma fecha del año anterior la cantidad era de 430 millones. Por tanto, hablamos de un 166% más.
Por lo que respecta a las emisiones en vigor en estos centros financieros off-shore, BBVA Global Finance LTD tenía, a finales de 2017, 162 millones de euros en deuda subordinada. Un año antes eran 188 millones (-13%).
Respecto a otros títulos de renta fija, Continental DPR Finance Company pasó de 102 millones de euros, en 2016, a 59 millones de euros (-42%) en 2017; Garanti Diversified Payment Rights Finance Company, de 1.760 millones, en 2016, a 1.879 millones, en 2017 (6%); y RPV Company, de 1.457 millones, en 2016, a 1.262 millones, en 2017 (-13%).
“El Grupo BBVA tiene establecido, para todos sus establecimientos permanentes en centros financieros off-shore, idénticas políticas y criterios de gestión de riesgos que para el resto de entidades integradas en su Grupo”, señalan desde la entidad presidida por Francisco González.
Es el Departamento de Auditoría Interna de BBVA el que revisa que todo está ´fetén’, que diría un castizo. Y la lupa la ponen en cuatro apartados: la adecuación de la operativa a la definición del objeto social; el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos en materia de conocimiento de la clientela y de prevención del lavado de dinero; la veracidad de la información remitida a la matriz; y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
