La cartera de Movilidad de Ada Colau suma una nueva investigación sobre Manuel Valdés López, mano derecha de la concejal del área, Rosa Alarcón. La Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si han podido cometer delitos para «proteger» un posible «oligopolio» en el mercado del ‘motosharing’ en Barcelona.
Esta actuación de la Fiscalía de Barcelona se inicia a raíz de la denuncia presentada por Global Mobility Sharing, a la que ha tenido acceso MERCA2. El escrito, fechado el pasado 12 de febrero, se centra en las presuntas «ilegalidades» en la adjudicación de las licencias de las motos eléctricas y posteriores actuaciones de un departamento controlado por En Comú Podem.
En el escrito se pide expresamente la declaración de Manuel Valdés López en calidad de «investigado». El resto de nombres, entre los que se encuentran la propia Alarcón; Jesús Jiménez, jefe de gabinete; Lorena Zurrón, gerencia de urbanismo y la persona que ejecuta los actos del gerente de movilidad y tiene la interlocución con los operadores; Eva Redó i Verdaguer, exdelegada de Movilidad e Infraestructuras; y su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez, podrían declarar como «testigos».
EL AYUNTAMIENTO PROTEGE UN «OLIGOPOLIO ILEGAL»
«irregularidades» referentes a las actuaciones y «omisiones engañosas y fraudulentas» llevadas a cabo por el Ayuntamiento desde 2016 hasta hoy. Es decir, desde que se concedieron las licencias de este nuevo servicio y que presuntamente beneficiaron a determinadas empresas, como Ecooltra y Acciona. Estas acciones fueron llevadas a cabo por Alarcón y Valdés López para «proteger un oligopolio ilegal» operado antes de la concesión de las licencias.
Global Mobility Sharing trató de entrar en este servicio, pero «se encontró con que están operando (…) un grupo de empresas que gozan de una posición de dominio abusivamente privilegiada». La empresa, con sede en Gijón, denuncia que las sociedades adjudicatarias de las licencias venían de la construcción y que pudieron saltar a este mercado «de forma ilegal» por «la actuación fraudulenta de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona». El Consistorio permitió operar este servicio sin exigir las licencias y eximiendo del pago de tasas por la ocupación lucrativa de suelo público, según la denuncia.
También hace hincapié en la falta de sanciones por «incumplir la prohibición de estacionamiento«, pese a la ordenanza municipal. Por contra, el mismo Ayuntamiento ha impuesto sanciones y decomisado patinetes eléctricos «de forma masiva» a otras empresas al carecer de las respectivas licencias, un requisito que nunca pidió a las empresas al ‘motosharing’. Un año después, el Consistorio comienza a exigir el pago de tasas a las empresas de motos y bicicletas de uso compartido, las arcas públicas dejaron de ingresar al menos dos millones de euros por la tardía aplicación de este impuesto.
VALDÉS LÓPEZ FIRMÓ DOCUMENTOS EN LUGAR DE LOS FUNCIONARIOS
A su juicio, el departamento de Valdés López ha jugado con una doble vara sobre un mismo asunto según el nombre de la empresa que «le interesa o no proteger» y renunció de «forma ilegal» a sus funciones tolerando así que las calles de Barcelona «se inundaran» de motos eléctricas, mientras se desviaba la atención hacia la denominada «guerra» de los patinetes eléctricos, con miles de multas a este tipo de vehículos.
Además, según la denuncia, Valdés López llegó a firmar documentos en vez de hacerlo las correspondientes funcionarias. Ante el afán «evidente y descarado» para «blanquear y privilegiar a determinadas empresas«, Eva Redo se negó a rubricar los informes jurídicos y las respectivas propuestas de adjudicación. En el escrito se elogia la trayectoria profesional de esta funcionaria, que decidió abandonar el cargo de secretaria de Movilidad. «Parece que las evidentes arbitrariedades que estaban cometiendo impulsaron este cambio de cargo», afirma. Otro caso es el de Dolors Ibáñez, ya que no firmó determinados informes. En su lugar fue el gerente de la Concejalía de Movilidad.
La empresa denunciante, representada por el despacho de José María Fúster Fabra, entiende que tanto Acciona como Ecooltra se han beneficiado de estas acciones al bajar la oferta y aumentar los precios. Es un «perjuicio directo de la ciudadanía, las arcas públicas y para el resto de empresas que han tratado de entrar», dice.
LAS ADJUDICATARIAS OBTUVIERON EL BENEPLÁCITO DEL AYUNTAMIENTO
La acusación denuncia la «situación privilegiada» que han tenido las empresas «protegidas» desde 2016. Por contra, ha supuesto «una desventaja para las empresas que en el futuro quisieran introducirse en el mercado». Y es que, en ese tiempo han podido fidelizar a los usuarios.
«Estas empresas, que con el beneplácito del Ayuntamiento en contra de la legalidad, tienen una mayor flota, acaban imponiéndose eliminando al resto de empresas, alcanzando una situación de monopolio u oligopolio, sin competencia real», afirma la denunciante. Así, cae la calidad de los servicios y aumentan los precios.
Así, señala a Alarcón como «responsable» y «conocedora de estos hechos», mientras que Valdés López sería el «ejecutor principal de los mismos». Además, se describen los vínculos entre las empresas y Valdés López por su relación anterior en el mismo Ayuntamiento y a su especialidad profesional. «Este empleado se ha encontrado íntimamente vinculado con el sector de la obra pública», de donde proceden la mayoría de empresas adjudicatarias. De hecho, Valdés López fue durante siete años director de Infraestructuras y es parte del Departamento de Ingenieros de la Construcción.
DISTINTOS CRITERIOS DE ADMISIÓN
Global Mobility Sharing estima que los «incoherentes» criterios de admisión exigidos a la veintena de empresas que se presentó a la adjudicación. A otras empresas se les permitió entregar sus propuestas fuera de plazo, una muestra de la «flexibilidad interpretativa» del Ayuntamiento. A mediados del pasado año y tres meses más tarde de lo previsto, el Ayuntamiento abrió el mercado del ‘motosharing’ sólo a 12 sociedades. Dos de ellas renunciaron al concurso y en otras cinco se detectaron irregularidades en la documentación.
De esta forma, se les permitió mantener íntegramente la flota de motos con un volumen superior al permitido por las licencias. Para enmendarlo, el Consistorio amplío en 3.000 licencias adicionales. Una medida «de blanqueo» para mantener a salvo el «fraude», avisa la denuncia.
«De forma totalmente injusta -prosigue el escrito-, y fruto de esta actuación predeterminada, sus vehículos no están siendo demandados por los usuarios, que prefieren seguir utilizando las aplicaciones de las empresas que primero llegaron, las protegidas, que se han mantenido operativas sin solución de continuidad y que les ofrecen un número de vehículos mucho mayor que el resto de los competidores, lo que facilita la inmediatez y mayor facilidad disposición de vehículos a los usuarios». En este sentido, advierte del riesgo de expulsión de más empresas debido a la protección del Consistorio, más cuando el Ayuntamiento planea llevar este servicio al resto del Área Metropolitana de Barcelona.
LA OTRA INVESTIGACIÓN SOBRE MANUEL VALDÉS LÓPEZ
La Oficina Antifraude investiga a Valdés López por un contrato adjudicado por la vía de emergencia de 1,2 millones, destinados a los cortes de tráfico y abrir vías públicas a los peatones durante el confinamiento del primer Estado de Alarma.
A raíz de este contrato se han ampliado las cuatro nuevas ‘superillas’ -zonas restringidas al tráfico particular- en el Eixample. La empresa Brothers Control se hizo con esta adjudicación ‘a dedo’.
