La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no renuncia a regular los precios de la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas e instrumentos para llevarlo a cabo.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado que el hecho de que haya discusión sobre los instrumentos es «muy saludable». «Hay que aprovechar las experiencias que tienen otros países y el objetivo que perseguimos es que no tenga efectos secundarios (la herramienta elegida) como la contracción de la oferta del alquiler», ha dicho Montero.
La ministra ha dejado claro que la Ley de Vivienda quiere abarcar todos los elementos que permiten tener una oferta disponible para que se cumpla con la función social de la vivienda. Además, ha apuntado que el Gobierno lo que también quiere es que el texto de la norma tenga todas «las perspectivas jurídicas» para que no haya ningún tipo de duda sobre su capacidad de adaptación.
La ministra portavoz también ha insistido en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando «en la línea de lo que marca el acuerdo» que permitió el Gobierno de coalición. Por lo tanto, ha dejado claro que se trabaja en intentar evitar la subida de los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas, pero que «el problema de la vivienda es mucho más amplio que el de las zonas tensionadas, que están localizadas en determinados núcleos urbanos de las grandes ciudades».
«Son muchas partes de una misma política que Transportes está coordinando, pero no contemplo ninguna otra cuestión que no sea llevar al Consejo de Ministros, en breve, una Ley de Vivienda que dé respuesta a todos los problemas», ha insistido, tras apuntar que no se va a aprobar una Ley sin consenso entre las dos formaciones.
EVITAR QUE SEA INCONSTITUCIONAL
Montero ha hecho hincapié en la necesidad de que esta norma esté «perfectamente articulada en el marco constitucional». «No queremos que el Tribunal Constitucional diga que no es conforme a derecho», ha añadido, tras afirmar que «ojalá se pueda traer en las próximas semanas un texto consensuado».
Por otro lado, ha recordado que los precios de las zonas más demandadas se han visto alterados durante la pandemia y ha apuntado que ahora son menores que hace un año, lo cual «da un poco de compás de espera para que se pueda trabajar en este texto legal de manera ordenada, segura» y atendiendo al objetivo recogido en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.
