Ciudadanos reclamará este miércoles en el Congreso la reforma del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el conocido como impuesto sobre la plusvalía, con el fin de no someter a tributación situaciones sin aumento de valor o que la cuota del impuesto absorba íntegramente la plusvalía real obtenida.
La propuesta de la formación ‘naranja’ pasa por desligar el valor del terreno del valor que estuviera determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la hora de determinar la base imponible del impuesto sobre la plusvalía.
Así se desprende de la proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, con la que Cs apremia a adaptar este impuesto a las diferentes sentencias que, desde 2017, censuran las liquidaciones de este impuesto cuando no existe plusvalía real.
Tal y como explica esta formación en su iniciativa, la base imponible del impuesto parte del valor que tiene a efectos del IBI en el momento del devengo, es decir, su valor catastral, por lo que este valor no siempre se corresponde con la plusvalía efectivamente obtenida, máxime en operaciones en las que el precio de venta es inferior al precio de adquisición.
UN IMPUESTO CUESTIONADO POR EL CONSTITUCIONAL Y EL SUPREMO
Asimismo, recuerda cómo en 2017 el Tribunal Constitucional explicó en una sentencia que el objeto del impuesto es el incremento de valor que puedan experimentar los terrenos en un intervalo de tiempo, pero que el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a su mera titularidad durante un período de tiempo.
El pasado mes de diciembre, apostilla Cs, el Tribunal Supremo se remitió en otra sentencia a la del Tribunal Constitucional para anular la liquidación del impuesto cuando este, calculado sobre una plusvalía relacionada con el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, absorbía completamente la plusvalía real obtenida.
Por ello, la formación ‘naranja’ considera «necesario, urgente y prioritario», proceder a la modificación de la regulación de este impuesto con el fin de «poner fin a las situaciones de injusticia para el contribuyente, perjuicio económico y alta litigiosidad en ayuntamientos y tribunales que la actual situación conlleva.