Ni en plena pandemia los autónomos se libran de la presión que tanto Hacienda como la Seguridad Social ejercen normalmente sobre ellos. Quizá ahora haya menos inspecciones físicas, pero estas dos Administraciones siguen ojo avizor y supervisan todos y cada uno de los pasos que dan los profesionales.
De hecho, el control de la Seguridad Social es ahora mayor que en una situación de normalidad, puesto que es imprescindible comprobar que las ayudas públicas están yendo a parar a manos de profesionales que de verdad las necesitan para poder seguir adelante con su actividad.
Normalmente se suele decir que la Agencia Tributaria es todopoderosa, porque es de las pocas Administraciones Públicas con capacidad para acceder a muchos datos diferentes de los ciudadanos. Pues bien, ahora la Seguridad Social ha adquirido nuevos poderes para revisar datos e informaciones sobre los autónomos, así que Hacienda ya no es la única capaz de buscar información en cualquier recoveco.
Se amplía el poder de inspección de la Seguridad Social
Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se ampliaron tanto los ERTE como el cese de actividad para los autónomos hasta el próximo 31 de mayo.
En esa misma norma se aumentó la potestad de la Seguridad Social para controlar la información relativa a los autónomos que están cobrando cualquiera de las modalidades de cese de actividad extraordinario puestas en marcha para paliar la crisis económica derivada de la Covid-19.
Se han modificado diferentes artículos de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que ahora entidades públicas y privadas tienen que brindarle a esta Administración los datos que pueda requerir sobre cualquier particular que esté recibiendo una prestación pública. Esto, afecta de forma directa a los autónomos.
El objetivo es que la Administración pueda tener toda la información necesaria para comprobar si de verdad se tiene derecho a cobrar una prestación o a estar exento de pagar las cuotas de cotización.
¿Qué entidades deben colaborar y qué información se puede pedir?
Con el cambio en la normativa todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades sin personalidad (como las asociaciones), deben aportar a la Administración de la Seguridad Social la información que esta les requiera a efectos de poder ejercer su función de control.
Esta obligación afecta también a las entidades bancarias, que ya no podrán ampararse en el secreto bancario para denegar el acceso a determinadas informaciones.
En cuanto a la información que se puede solicitar, la normativa expone expresamente que serán “datos relativos a movimientos corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas o pasivas de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito”.
En ningún caso la Seguridad Social podrá acceder a datos que sean confidenciales y a datos privados no patrimoniales cuya revelación pueda afectar al derecho al honor o la intimidad personal o familiar de las personas.
No será necesario el consentimiento de los afectados para que quienes tengan los datos los transmitan a la Seguridad Social. Por su parte, la Administración queda obligada a usar esta información únicamente en el marco de sus funciones, y muy especialmente en lo relativo al control de la cotización y la recaudación.
La Seguridad Social busca un sistema de prestaciones más justo
La idea que subyace detrás de todo esto es poder crear un sistema de prestaciones públicas que sea más justo y con menor margen para que se produzcan fraudes.
La Seguridad Social tendrá más información sobre la situación patrimonial y otras condiciones de una persona y, en base a ello, podrá decidir si tiene acceso o no a una prestación pública. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda aportará información sobre niveles de renta, patrimonio e ingresos, mientras que el Ministerio del Interior confirmará si existe residencia efectiva en España.
Por su parte, las mutuas deberán enviar a la Seguridad Social toda la información relacionada con la baja médica de los autónomos para que esta tenga un mejor control sobre el reconocimiento de la prestación.
La Inteligencia Artificial como gran aliada
Las Administraciones Públicas están llevando a cabo un proceso de transformación digital que implica el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA). Dado que la gestión de la información es compleja y puede ser lenta, la nueva normativa abre la puerta a que sea la IA la que se encargue del análisis de la información para detectar posibles fraudes a la Tesorería.
En el futuro estos robos podrían encargarse incluso del proceso sancionador, automatizando el mismo, aunque esto es algo que ha generado bastante polémica, porque supondría para la Administración Pública la potestad de imponer sanciones sin la intervención de un funcionario público.
Por el momento la IA puede suponer una gran ayuda para detectar indicios de fraude como el cobro indebido de una prestación o la contratación de falsos autónomos, indicando a los inspectores qué aspectos deben controlar especialmente al hacer su trabajo.
En cuanto a la automatización total del proceso sancionador, los expertos creen que por el momento esto solo podría darse en casos muy sencillos y en los que estuviera totalmente claro que ha habido una infracción. No obstante, el afectado siempre tendría la posibilidad de interponer recurso e incluso de acudir a los tribunales.
Aunque este procedimiento pueda parecer muy novedoso, lo cierto es que ya se viene aplicando desde hace años en Hacienda. Son la Inteligencia Artificial y el Big Data los que se encargan de analizar la información en profundidad y mostrar a los funcionarios posibles indicios de que se está cometiendo un fraude o ha habido un error.
Lo que está claro es que con las nuevas tecnologías la Administración se vuelve mucho más eficiente a todos los niveles, y esto supone una mayor presión para los autónomos, porque son ellos los que siempre están en el punto de mira de entidades como la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental asegurarse de hacer siempre los trámites a tiempo y a la perfección.
