La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro de Portugal, en calidad de presidente de turno de la UE, António Costa, han firmado este viernes el reglamento del programa principal del fondo de recuperación, que repartirá hasta 672.000 millones a los Estados miembros entre transferencias y préstamos, y han pedido a los países que agilicen su ratificación para que las primeras ayudas puedan llegar en verano.
La normativa tendrá que ser publicada ahora en el Diario Oficial de la UE, algo previsto el próximo jueves, 18 de febrero, y entrará en vigor el día siguiente. A partir de ese momento, los gobiernos podrán remitir a Bruselas sus planes definitivos de recuperación, con las reformas e inversiones que financiarán con el plan anticrisis.
Europa concluye hoy una fase, poner a disposición de los países, sus ciudadanos y las empresas los recursos, la capacidad y los objetivos para la recuperación», ha celebrado el presidente de la Eurocámara en una rueda de prensa conjunta. «Tenemos la vacuna para salvar vidas y una vitamina para impulsar la recuperación», ha afirmado Costa.
Los tres mandatarios han aprovechado la ocasión para pedir a los Estados miembros que aceleren la ratificación del fondo en sus parlamentos nacionales, pues Bruselas no podrá emitir la deuda europea con la que financiará el plan hasta que los veintisiete países hayan completado sus procedimientos nacionales.
Hasta ahora, sólo seis lo han completado (Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Bulgaria y Portugal) y el objetivo es que todos lo hayan hecho «a finales de marzo o principios de abril», según ha explicado el primer ministro portugués. «Es fundamental que los Estados miembros finalicen el proceso de ratificación para que la Comisión pueda acudir a los mercados de deuda», ha avisado Von der Leyen. «Va en su propio interés», ha incidido.
De forma paralela, la entrada en vigor del reglamento de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) abre la puerta a las negociaciones formales entre el Ejecutivo comunitario y los gobiernos nacionales para la elaboración de sus planes de recuperación. La alemana ha cifrando en 19 los países con los que Bruselas ya tiene conversaciones muy avanzadas, entre ellos España, que ha enviado un borrador completo de su estrategia.
LAS AYUDAS, A PRINCIPIOS DEL VERANO
La Comisión Europea tendrá un plazo de dos meses para evaluar cada plan desde el momento en que sea entregado. En este sentido, Costa ha confiado en que los primeros planes puedan recibir el visto bueno ya a finales de abril y los primeros desembolsos tengan lugar «a principios de verano».
El primer ministro de Portugal se ha referido así al anticipo del 13% que recibirán los socios comunitarios una vez que sean aprobados sus planes de recuperación. En el caso de España asciende a unos 10.000 millones. Después, los Estados solo recibirán dinero si van cumpliendo una serie de objetivos e hitos acordados en sus planes.
A España le corresponden unos 70 millones de euros en transferencias y hasta 84.000 millones en préstamos. Según una encuesta publicada precisamente este viernes por el Parlamento Europeo, un 74% de los españoles cree que el plan de recuperación impulsará la economía tras la crisis provocada por la pandemia.
Con el objetivo de centrar la mayor parte del estímulo en los primeros años, la UE decidió aglutinar el 70% de las ayudas entre 2021 y 2022, lo que supone un paquete de 46.600 millones para España en estos dos años, mientras que otros 23.000 millones llegarían a partir de 2023.
Además de destinar el 37% de los fondos a la transición ecológica y un 20% de los mismos a la transición digital, los Estados miembros tendrán que abordar las recomendaciones económicas que han recibido durante los últimos años de parte de la Comisión Europea.
Este último aspecto es el que obliga a España a adoptar reformas del mercado laboral para reducir la temporalidad y del sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Son precisamente los dos aspectos que el Gobierno y el Ejecutivo comunitario siguen negociando, antes de que España remita su versión definitiva del plan.
