Las organizaciones del sector comercial españolas han advertido de que la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros puede dañar «seriamente» la recuperación económica en España, según han señalado en un comunicado.
En concreto, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), la Federación española de comerciantes de electrodomésticos (FECE) y la de servicios de seguridad Aproser han mostrado su «preocupación» por el impacto que tendrá sobre la actividad comercial esta limitación, como se ha propuesto en diversas enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.
Como ya ha señalado el propio Banco Central Europeo, los sectores del comercio explican que se trata de una «medida desproporcionada», que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero.
Además, consideran que es una medida «totalmente inoportuna», ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como son el comercio y el turismo.
En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado.
De esta forma, el supervisor bancario señalaba que «la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago».
También indicaba que «el efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos», además de ser el «único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso».
Las organizaciones del sector comercial recuerdan que la «inmensa mayoría» de países europeos no ha establecido límites al pago en efectivo y, de los que lo han hecho, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros.
Queremos llamar la atención sobre esta experiencia europea, porque los límites para pagos en efectivo en Francia no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa, mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos», han precisado.
De esta forma, las organizaciones subrayan que, en un momento de «gran incertidumbre» para la economía española y con el desplome de la demanda, no parece «razonable» establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta.
«Creemos que cualquier regulación que vaya en esa línea debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico», afirman.
FRAUDE Y ECONOMÍA SUMERGIDA
De esta forma, las organizaciones empresariales reiteran que comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España. «Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio», han subrayado.
Así, creen que convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad.
