La clase política tiene varios mecanismos de control respecto a los editores de comunicación. El Gobierno central puede destrozar las cuentas de Atresmedia y Mediaset si decide entregar nuevos canales de TDT a otro operador o si decide revertir la publicidad a RTVE.
El Ejecutivo, a través de la publicidad institucional, también puede influir en las cuentas de resultados de radios y periódicos. Y, además, cuenta con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para ejercer de ‘policía’ contra cualquier exceso catódico.
EL PRIVILEGIO
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está elaborando un informe sobre el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que vendrá con premio para las televisiones en abierto (que contarán con posibilidad de aumentar los 12 minutos publicitarios por hora en prime time) y castigo para las OTT (que dejarán de contar con algunos privilegios).
Sobre los privilegios mediáticos ha teorizado en varias ocasiones Pablo Iglesias, que recela de las empresas privadas de comunicación y ansía que cooperativas de periodistas puedan contar con licencias o con parte del pastel publicitario público.
Pero en Unidas Podemos también se mira con cierto temor que el Consejo de Ministros controlado por el PSOE tenga capacidad para repartir licencias de TDT, hecho que casi siempre conllevará que el criterio político se anteponga sobre el técnico.
VOTO PARTICULAR
Carlos Aguilar, consejero de la CNMC propuesto por la coalición morada, ha formulado un voto particular, tal y como adelanta VozPópuli. Aguilar apunta a que las directivas europeas instan a los Estados a poner en manos de organismos independientes el reparto de licencias.
Aguilar dice que «atendiendo a que no se establece ni por parte de la CE ni de las Directivas de la UE una reserva sobre los órganos encargados del otorgamiento de las licencias, y que en la determinación de este órgano es ineludible tomar la decisión más garantista posible para preservar la independencia de los medios de comunicación social de cualquier posible o hipotético condicionamiento por parte de los poderes públicos o los agentes privados, incluso desde el momento primigenio de la concesión de las licencias habilitantes.
«No cabe entender que el conjunto de reservas y obligaciones impuestas por la Directiva a las autoridades audiovisuales independientes que deben velar por la correcta aplicación del marco regulatorio no deba ser considerado como un estándar mínimo a cumplir en el momento de determinar cuál debe ser el organismo que ha de regir el proceso de otorgamiento de dichas licencias», reza el voto particular.
LA RADIO DIGITAL, MAL PRECEDENTE
Cabe recordar que el Gobierno será el que decida sobre una ley en la que la CNMC simplemente aportará su opinión. Pero no sería de extrañar que el PSOE haga oídos sordos ante la propuesta de Aguilar para alegría de los grandes operadores de televisión, que prefieren este pacto tácito que el libre mercado.
Los socialistas hace dos meses ya desoyeron las directivas europeas, que recomiendan implantar la radio digital (que permitiría que no solo tres operadores privados se repartan el 80% del pastel publicitario). Pero PSOE y PP unieron sus votos en el Senado para alegría de multimedias como Prisa.
ANTECEDENTES
Con ‘agostidad’ y alevosía el Gobierno de Felipe González repartió tres licencias de televisión. El PSOE rompía el monopolio de RTVE y las agraciadas eran Antena 3 (que contaba con varios editores y periodistas críticos con González), Telecinco y el Canal Plus de Polanco.
El País aseguraba al día siguiente de la concesión que «el Gobierno tuvo en cuenta para la concesión los criterios que figuran en el artículo 9 de la ley de 1988 sobre televisión privada, es decir: expresión libre y pluralista de ideas, viabilidad técnica y económica del proyecto y capacidad para atender las necesidades de programación, entre otros».
Luis María Anson no lo veía tan claro y decía que González tenía «por norma premiar los servicios», en clara referencia a Prisa. Y Antonio Asensio, que se había quedado fuera del reparto por sorpresa, decía que se había cometido una «ilegalidad jurídica» y una «arbitrariedad política» por «intereses particulares de dudosa moralidad».
Años después la tónica amiguista se repitió: José María Aznar repartió licencias de TDT a los editores de El Mundo y ABC; José Luis Rodríguez Zapatero entregó canales a Prisa y Roures; y Mariano Rajoy repartió señales entre los obispos, Blas Herrero o Florentino Pérez.
¿Renunciará al privilegio Pedro Sánchez? Recuerden que hace dos años y medio ganó una moción de censura diciendo que manipular la televisión pública era «corrupción» y comprueben que aahora controla RTVE de forma férrea. O sea, que va a ser que no.
