España es uno de los países europeos con mayor número de separaciones y divorcios al año. Cada cinco minutos se rompe una pareja. Comienza entonces un proceso de duelo y, en un 20% de los casos, de disputas, idas y venidas de sentencias y demandas que deterioran aún más la relación y tienen un impacto negativo directo en las víctimas silenciosas que se esconden detrás de estos conflictos: los hijos del divorcio.
En los peores casos, estos conflictos acaban de la peor forma posible. Recordemos que 2017 ha sido el año con mayor número de niños asesinados por sus progenitores: ocho menores. Es la cifra más alta que se registra de estos crímenes desde 2010. Año en el que se comienzan a hacer públicos en España datos sobre este tipo de asesinatos. Desde entonces, un total de 28 niños han perdido la vida.
Son miles los casos de menores víctimas de alta conflictividad familiar que se registran al año en nuestro país
Tristes sucesos que llegan a la esfera pública por su gravedad e impacto en los medios de comunicación, que nos hacen preguntarnos cómo es posible que esto suceda. La realidad es que son miles los casos de menores víctimas de alta conflictividad familiar que se registran al año en nuestro país. Situaciones que, a veces, son caldo de cultivo a estos desenlaces más trágicos y la mayoría de las veces, sin llegar a ser casos de asesinato, dejan graves secuelas permanentes de por vida en los niños.
Hablamos de víctimas silenciadas que, con el tiempo, pueden desembocar en el mismo trágico desenlace: pueden convertirse en adultos marcados de por vida con graves problemas emocionales y sociales o futuros maltratadores, repitiendo el mismo patrón vivido.
Los hijos del divorcio, víctimas de maltrato silencioso
En nuestro país, se calcula que el 20% de las separaciones y divorcios anuales, registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), son de alta conflictividad. Entendemos por alta conflictividad aquellas relaciones en las que el proceso de cese de la convivencia implica algún tipo de maltrato a los menores, ya sea físico o psicológico, como consecuencia del rencor y las ganas de hacerse daño entre la pareja. Dicho en otras palabras, los hijos se convierten en armas arrojadizas entre los padres que se están separando, más centrados en ver quién sale ganando en la separación que en el bienestar de los hijos.
Así, los expertos estiman que 100.000 menores al año se ven afectados por divorcios o separaciones conflictivas en nuestro país. Una cifra escalofriante pero que, en realidad, se queda corta. En España, estas estadísticas se calculan estableciendo una media de un sólo hijo por matrimonio roto. Un punto de partida que, a día de hoy, queda muy pobre con la diversidad social y familiar existente.
Esto significa que, por ejemplo, quedan sin contabilizar aquellos matrimonios con más de un hijo; los hijos de parejas de hecho, con uno o más; hijo/s de separaciones que cesan su convivencia sin procedimientos legales y judiciales registrados por falta de medios; ni los casos de mutuo acuerdo que, con los años, derivan en contenciosos, normalmente por temas relacionados con los hijos, y que acaban siendo rehenes y víctimas.
Víctimas silenciosas de una situación ajena a ellos por la que sufren malos tratos, a veces ocasionados de forma inconsciente. El maltrato puede venir de ambos progenitores, de uno de ellos o del entorno que viven día a día. Las situaciones más comunes y que, por desgracia, los menores acaban asumiendo como normales son, por ejemplo, tener que elegir entre uno de los dos, escuchar comentarios negativos entre las partes, sufrir consecuencias en el caso de que su actitud con alguno de los progenitores no le haya gustado al otro, victimizar a una de las partes en detrimento del otro, etc.
Situaciones que, silenciosamente y sin que apenas se note, van afectando y marcando de forma negativa al menor y a su estabilidad emocional. Hay casos que se agravan hasta el punto de que uno de los progenitores influye de tal forma en el menor que provoca la pérdida de contacto con el otro y con su familia extensa. Pasamos de un hijo del divorcio a un hijo huérfano, que queda prohibido de crecer con la figura de su padre y de su madre, haciendo extensivo el divorcio entre dos adultos a un menor.
Escalofriantes consecuencias
Las cifras anteriores se traducen en miles de niños y parejas rotas que incrementan año tras año las visitas a especialistas en nuestro país. Estos expertos aseguran que, desde la explosión de la crisis en España, allá en el 2007, los casos graves de relaciones intrapersonales y parentales han ido en aumento. Sin embargo, aún un porcentaje relativamente bajo dan el paso de ponerse en manos de especialistas, bien por miedo al qué dirán, bien por desconocimiento o, en la mayoría de los casos, por falta de recursos económicos.
Lo cierto es que los patrones de conducta y comportamiento en estos casos, tanto en los niños como en los adultos, se repiten. Esto permite a los psicólogos establecer esquemas de actuación cada vez más rápidos y personalizados para detectar y paliar lo antes posible aquellos casos que llegan a sus consultas.
Asunción Tejedor, psicóloga forense, experta en Mediación y Peritaje Judicial, con amplia experiencia trabajando con familias víctimas de procesos de alta conflictividad familiar para la Fundación Filia, explica: “El maltrato infantil no siempre deja huellas visibles. Cuando un niño sufre una situación de maltrato lo puede manifestar de diversas maneras, aunque generalmente guarda silencio por vergüenza o temor. A veces, un niño que ha nacido en un ambiente violento no se cuestiona la violencia porque no conoce otras formas de relación más adecuadas. Además, en estos casos, el maltrato suele producirse en un entorno privado lo que dificulta la detección y actuación de los profesionales. Por eso es importante que conozcamos las señales que nos permitan entender lo que les está sucediendo a estos niños”.
Señales como conductas adultas o infantiles inapropiadas por su edad, reacciones que presentan agresividad extrema, excesiva preocupación por complacer a las figuras de autoridad, sentirse continuamente enfermo o sufrir accidentes con frecuencia son las más frecuentes, según los expertos.
“Este tipo de situaciones las encontramos frecuentemente cuando los menores son utilizados por alguno de sus progenitores para alejarlos del otro progenitor y de su familia extensa. El problema es que, normalmente, estos síntomas no aparecen siempre en el mismo momento en el que se están produciendo este tipo de abusos. En muchas ocasiones las reacciones se producen años después cuando los menores afectados se dan cuenta de que han sido utilizados o manipulados para provocar un daño a un progenitor, generalmente querido y amado, al igual que a la familia extensa, que también se ve apartada por la extensión del rechazo”, explica Asunción Tejedor.
El Interés Superior del Menor
Como decíamos, el 20% de los divorcios y separaciones que se producen en nuestro país se consideran de alta conflictividad. Este 20% consume cada año el 90% de los recursos judiciales, según el Colegio Oficial de Abogados de la Generalitat de Catalunya. Procedimientos que se alargan en el tiempo sin resolución y denuncias que se acumulan, demorando aún más los plazos. Mientras tanto, un menor cuyo interés y bienestar va quedando desatendido y, lo que es peor, se va dañando.
El concepto de Interés Superior del Menor aparece en toda la normativa internacional, estatal y autonómica como el criterio determinante para solicitar y adoptar cualquier medida que afecte a los menores de edad.
Así se recoge en el artículo 39.4 de la Constitución Española; o en el artículo 3, párrafo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, entre otras muchas normativas. De hecho, hace poco más de dos años, el Consejo de Ministros en España aprobó dos anteproyectos de ley, orgánica y ordinaria, de protección a la infancia.
Una reforma justificada por la necesidad de hacer más por estas víctimas silenciosas que se quedaban cada vez más desprotegidas ante el aumento de los conflictos parentales. Entre otras novedades, esta reforma buscaba un nuevo marco de regulación de los derechos de los menores: el Interés Superior del Menor deja de ser un concepto jurídico indeterminado y pasa a ser un derecho fundamental y concreto. Además, el empoderamiento del menor se traduce en un refuerzo de su derecho a ser escuchado y a participar en todos los procesos que le afecten de una manera amigable.
Pero, ¿cómo se protege en la práctica el Interés Superior del Menor cuando éstos están inmersos en un proceso de divorcio conflictivo? “El Interés Superior del Menor se ha convertido en una frase manida a la hora de dictar sentencia. De hecho, la mayoría de las sentencias que se dictan apelando al Interés Superior del Menor, no llegan a cumplirse nunca, dejando a los menores en total situación de desamparo”, asegura Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor. Esta es la única fundación en España que trabaja por velar por el Interés Superior del Menor durante los procesos de divorcios que encierran alta conflictividad.
Un desamparo que, en su opinión, es consecuencia de la falta de herramientas que ha presentado el sistema español en los últimos años para manejar estos procedimientos conflictivos. “Los jueces, tras un expediente muy largo de denuncias acumuladas y de muchos litigios, derivaban la familia a un mediador. Sin embargo, la propia naturaleza del mediador venía ya con unos condicionantes que limitaban su intervención en los casos de alta conflictividad. Por ejemplo, el mediador es voluntario, por lo que si la familia está en continuas disputas es muy difícil que se pongan de acuerdo para aceptar un mediador. Y lo más determinante, la familia no puede tener procedimientos o denuncias abiertas en el plazo de intervención de la mediación”.
Y añade: “De hecho, uno de los factores que refleja el nivel de conflictividad en los procesos de divorcio es el número de denuncias y expedientes de ejecución de sentencia que se producen. Ya sean por la patria potestad, la custodia, el incumplimiento del régimen de visitas, el impago de alimentos, etc. En definitiva, los litigios constantes son la prueba de la alta conflictividad que atraviesa una familia divorciada. Por lo que estos casos, que son los que más lo necesitan, no podían ser intervenidos por un mediador y quedaban sin asistencia y, lo que es más grave, dejando a los menores sin soluciones ni ayuda”.
Nuevos especialistas
Organismos, instituciones y otras entidades poco a poco se han ido sensibilizando y concienciando de la necesidad de hacer más por proteger y prevenir los malos tratos a los menores en estas situaciones, dentro y fuera de nuestras fronteras.
A nivel internacional cuentan desde hace más de 10 años con profesionales especializados en este tipo de procedimientos conflictivos. Son los coordinadores parentales. Esta figura surge por primera vez en Canadá. En el 2003 llega a Estados Unidos y, en un solo año, se reducen en un 75% el número de litigios por alta conflictividad. Un éxito que se extiende rápido a otros países como Francia y el Reino Unido.
En España, el punto de inflexión se marca en el año 2015 cuando, por primera vez, un juez en Cataluña dictó sentencia derivando a una familia a un coordinador parental. Es entonces cuando la Generalitat de Catalunya, con apoyo de la Fundación Filia especializada en este ámbito, lanzan el primer programa piloto de formación, del que salen los primeros 20 coordinadores parentales de nuestro país.
La intervención del coordinador parental, a diferencia del mediador, viene establecida por un juez en proceso de sentencia, por lo que es de obligado cumplimiento. Además, está especialmente formado y especializado en los procesos de divorcios conflictivos por lo que sí trata familias con procedimientos abiertos.
Pero la principal novedad es que el coordinador parental trabaja con las familias durante un plazo de tres meses, extensible en algunos casos a seis, con el fin de asegurar que se cumple el Plan de Parentalidad. Además, se puede entrevistar con el entorno completo del menor con el fin de recabar la mayor y más veraz información posible. Posteriormente, elaborará un informe independiente que ayudará al juez a dictar sentencia.
Ahora, el reto en España es hacer extensible esta figura y cubrir la falta de profesionales especializados en Coordinación de Parentalidad. Por ello, la Fundación Filia, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ha lanzado el Primer Curso Oficial en España de Especialista en Coordinador Parental. Se trata de la primera y única formación con homologación acreditada en nuestro país y ya ha arrancado en enero.
Un importante paso hacia adelante que ayudará a prevenir y a curar las heridas de una infancia dañada, reduciendo lo máximo posible el número de los llamados hijos del divorcio, las víctimas más silenciosas que se esconden tras los procesos de divorcios conflictivos.
