El PP quiere que los avales públicos a los contratos de energía de medio y largo plazo que firmen las industrias electrointensivas puedan cubrir contratos de suministro de electricidad a medio y largo plazo de cualquier tipo de fuente de generación, y no restringirlo a fuentes de origen renovable.
Además, los ‘populares’ también proponen triplicar la cantidad reservada en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas FCPJ (FERGEI) desde los 600 millones de euros previstos a los 1.800 millones y la convocatoria específica de subastas para instalaciones de generación renovables que suministren a este tipo de industrias.
Así lo recogen en sus enmiendas al proyecto de ley que regula este fondo. Se trata de la norma derivada del decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado junio y que el Congreso acordó tramitar para poder proponer cambios.
El decreto ley impulsa un fondo de reserva con una dotación inicial de 200 millones de euros, con un máximo de 600 millones, para la emisión de coberturas o garantías para los contratos de suministro energético de la gran industria altamente dependiente del consumo eléctrico, los llamados consumidores electrointensivos.
Las garantías van dirigidas a cubrir parte o la totalidad de energía procedente de instalaciones de generación renovable sin retribución específica o mecanismo de apoyo del sistema eléctrico y forman parte de los mecanismos de apoyo que recoge el nuevo estatuto de consumidores electrointensivos, aprobado finalmente esta semana por el Gobierno.
En su enmienda, el PP propone suprimir esa limitación, alegando que se trata de un tipo muy específico de consumidor, el electrointensivo, y en una modalidad de contratación «todavía muy poco desarrollada» en España, los contratos bilaterales conocidos como PPA (Power Purchase Agreement).
«Por lo tanto», esgrimen los ‘populares’, «no debe utilizarse como una herramienta de fomento de la generación con energías renovables, para lo que ya existen otros mecanismos, a costa de seguir dificultando la contratación de un suministro eléctrico competitivo para los grandes consumidores electrointensivos».
Su propuesta contempla elevar de 200 millones a 600 millones de euros la dotación inicial de este fondo y triplicar también la dotación máxima de la misma, al considerar «claramente insuficiente para los objetivos propuestos» los 600 millones para la cobertura de operaciones en los tres primeros años del fondo, por lo que aboga aumentarlo hasta los 1.800 millones.
Por otro lado, el PP propone una nueva disposición adicional para impulsar la convocatoria periódica de subastas para nuevas instalaciones renovables de retribución específica para el suministro de energía eléctrica a los consumidores electrointensivos y que se resuelvan «teniendo en cuenta los precios descendentes de la energía eléctrica tras la garantía del Estado de un precio mínimo».
Y es que el PP señala que estos contratos bilaterales «pueden formar parte de la solución del grave problema que tiene la industria electrointensiva» por «el elevado precio de la electricidad». Pero la caída del precio, argumenta, «no es consecuencia de un sistema público de garantías», sino en «nuevas subastas de precios descendentes» tras garantizar el Estado un precio mínimo en la instalación de renovables con retribución específica.
Así, señala que el actual rango de precios en los PPAs está entre los 46 y los 43 euros/MWh, cuando el mercado mayorista registró un precio medio de 47,7 euros/MWh en 2019. Una potencial rebaja en el entorno de los 1,7-4,7 euros/MWh que, añade, se verá disminuida con los costes financieros de los avales previstos en la regulación.
En este sentido, el PP ve necesario «unos contratos de suministro que realmente consigan una reducción más significativa de los precios eléctricos». «Y ello solamente será posible a través de una subasta de precios descendente tras la garantía del Estado de un precio mínimo para la instalación de renovables a las que se les reconocería una retribución específica».
Es más, los ‘populares’ recuerdan que el propio Gobierno reconocía un potencial de rebaja entre los 10 y los 12 euros/MWh en el precio, o más incluso, atendiendo a las últimas subastas en países en similar situación, por lo que proponen un mayor impulso a este mecanismo con una retribución específica tras la garantía de un precio mínimo.
