Repsol recurrirá por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional la multa de 5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ante la decisión sancionadora de la CNMC, fuentes de la compañía indicaron que ha cumplido «con fidelidad» los compromisos asumidos en su día con el ‘superregulador’.
A este respecto, señalaron que la CNMC aceptó que ofrecer a toda la red de estaciones de servicio CODO (‘Company Owned Dealer-Operated’, es decir, las gestionadas de forma independiente) de Repsol el modelo consigna, antes de diciembre de 2018, era el instrumento válido de cumplimiento de la resolución de 2009, mientras que «ahora sostiene que no».
El organismo presidido por Cani Fernández ha multado a Repsol con este importe por incumplir las obligaciones que le impuso en dos expedientes sancionadores previos relativos a sus contratos con empresarios de gasolineras independientes.
En dichos expedientes, fechados en julio de 2009 y diciembre de 2013, la petrolera fue sancionada, junto con Cepsa y BP, por infringir la normativa española y europea de competencia al fijar indirectamente el precio de venta al público de sus carburantes a empresarios independientes que operaban bajo su bandera.
La CNMC consideró entonces que, con esta práctica, se restringía la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio y multó a Repsol con 8,75 millones de euros, por lo que esta nueva multa de 5 millones es la segunda que le impone el organismo por incumplir la resolución de 2009.
Además de las sanciones que impuso, Competencia instó a las petroleras a tomar las medidas necesarias para que el precio de trasferencia o de cesión del carburante se estableciera con criterios objetivos, de forma que no desincentivaran a las estaciones de servicio a realizar descuentos a sus clientes.
Según la CNMC, la única solución de cumplimiento que adoptó Repsol desde 2016 fue implementar un nuevo modelo de contratación, conocido como «modelo consigna», que se basa en la fijación directa de precios a las estaciones de servicio afectadas, bajo la presunción de que actúan como agentes o comisionistas puros.
La fecha definitiva de finalización del proceso de conversión de todos sus contratos al citado modelo era el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, a fecha 1 de enero de 2019 seguían subsistiendo en la red de Repsol una gran cantidad de contratos que incumplían las resoluciones de 2009 y de 2013, apunta Competencia.
