El plan de salvación de la red de clínicas Vivanta, otro más, ha encallado en los tribunales. Así, el pasado 4 de diciembre el que fuera máximo accionista de la compañía, el fondo español Portobello, traspasó la propiedad de la compañía a sus acreedores, BNP Paribas y el fondo Ares, a cambio de una conversión de deuda (que no podía repagar) y una inyección adicional para un nuevo plan de negocios. Pero ahora dicho acuerdo pende de un hilo. De hecho, en los próximos meses podría declararse nulo por presuntas «ampliaciones de capital fraudulentas», según señalan fuentes legales.
La fecha clave será el mes de abril. Será entonces, cuando se celebre el juicio interpuesto contra Portobello y en el que «si gana el denunciante (el socio minorista de Vivanta) declarará nula de pleno derecho la pasada Junta del 4 de diciembre de 2020», explican fuentes cercanas al procedimiento. Más allá del varapalo judicial que representaría para el fondo español y para el futuro de la compañía no se espera que la resolución sea inmediata. De hecho, ambas partes ya trabajan para recurrir la sentencia, sea favorable a uno u otro lado, a otras instancias en lo que se prevé una larga batalla judicial.
El fundamento de la demanda, que fue admitida a trámite en diciembre, se basa en que Portobello ejecutó presuntamente «una ampliación de capital fraudulenta con el objetivo de reducir la participación del socio minoritario a través de la conversión en capital de préstamos no líquidos», expresa el documento legal al que ha tenido acceso MERCA2. En concreto, los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo de 2019 cuando el fondo español inyectó 12,8 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias.
PORTOBELLO COBRÓ 300.000 € A VIVANTA QUE DESPUÉS TUVO QUE DEVOLVER
Una ampliación que presuntamente «se creó artificialmente a través de un préstamo que capitalizó cuando la deuda que compensaba no era liquida ni estaba vencida«, explican dichas fuentes. En otras palabras (más sencillas), que Portobello utilizó un volumen de deuda que ni había vencido ni tenía que pagar (porque no se debía amortizar hasta 2025) para diluir la participación del socio minoritario en favor de los acreedores. Por ello, se denuncia que dicho movimiento es fraudulento.
Aunque el texto legal remitido al juez va más allá. Así, por ejemplo, se detalla que esa operación «de dudosa legalidad» se intentó realizar ya en otras ocasiones. De hecho, el primer intento se realizó en noviembre de 2018 y que fue el propio registro mercantil el que denegó la inscripción al percatarse de las presuntas irregularidades. Además, se pone especial énfasis en que «las participaciones suscritas y desembolsadas por Portobello fueron financiadas por Vivanta» y que el fondo cobró una comisión de 300.000 euros a la firma. Una cantidad que se vio obligada a devolver siete meses después por las denuncias emitidas.
En definitiva, la pelea ahora está en demostrar si dicha ampliación fue o no legal. De no serlo, como sostienen los demandantes implicaría esa nulidad, antes referida, dado que «la representación de las participaciones en el Capital Social hubiera sido distinta a la hora de ejercer el voto, y por tanto habrá que retrotraer la entrada en el Capital de BNP y ARES en Vivanta», concluyen desde la parte demandante.
LA LUPA JUDICIAL SOBRE UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE PORTOBELLO
Para Portobello, según explicó a MERCA2, la operación responde a la necesidad económico financiera que tenía Vivanta para seguir operando. Así, la única salida viable que contemplaba el fondo español para su red de clínicas era la de capitalizar deuda, dando entrada a ambos acreedores, para impulsar un nuevo plan de negocio. Una hoja de ruta que se extenderá hasta 2024, pero que necesitaba de financiación extra de 30 millones, un hecho que terminó por desembocar en la entrada de BNP y Ares Management. Ahora, el fondo estadounidense es el socio mayoritario de la red de clínicas.
Aun así, dicha pugna legal y otras tantas que se le acumulan han abierto una pequeña crisis reputacional en el fondo español. Más si cabe, cuando las investigaciones apuntan a uno de los socios fundadores, además de noble linaje, como Iñigo Sánchez Asiain-Mardones. Pero no es el único. Al ejecutivo le siguen otros nombres conocidos como Juan Luis Ramírez Beláustegui, Ramón Cerdeiras Checa y Carlos Dolz de Espejo. Todos ellos, están involucrados en esta y otras tramas legales relacionadas con Vivanta que les obligó a dimitir en grupo una vez se han ido aceptando las causas en los distintos tribunales madrileños.
