La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado a entender este viernes que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, aunque no ha querido explicitar en qué cantidad porque aún debe abordarse este tema en el marco del diálogo social.
De hecho, la ministra ha indicado que la próxima semana se reunirá con sindicatos y empresarios para hablar precisamente del SMI. «No voy a decir cuánto (subirá) porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes», ha dicho Díaz en declaraciones a TVE.
Lo que sí ha querido dejar claro es que el Gobierno no tiene intención de congelar el SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales, por varias razones: porque «no se entendería» que esta renta mínima no subiera en 2021 cuando sí lo hacen, en un 0,9%, las pensiones y los salarios de los empleados públicos; porque los países del entorno español están elevando el SMI a pesar de la pandemia para luchar contra la desigualdad y la pobreza, y porque el sueldo medio en convenio también se ha incrementado, en torno a un 1,5%.
«No sería entendido que revaloricemos las pensiones y los sueldos de los empleados públicos. Nadie comprendería que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores que más lo necesitan, al menos para no perder poder adquisitivo. No compartimos la congelación y vamos a ver lo que dice la mesa de diálogo social», ha insistido.
La ministra ha subrayado además que, en 42 años de democracia, el SMI nunca se ha congelado, salvo con Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, cuya política, ha denunciado, se basó «en los recortes, la austeridad y en la devaluación de los salarios».
Díaz ha recordado además que el Gobierno tiene intención de cumplir con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que determinar la cuantía del SMI debe tenerse en cuenta, entre otros parámetros, la inflación (0,9% para 2021) y el incremento de la productividad, que el Gobierno baraja que aumente el próximo año entre un 1,5% y un 2,2%.
SEMANA LABORAL DE 4 DÍAS
Preguntada por si el Gobierno estudia la implantación de la semana laboral de 4 días, Díaz ha confirmado que el Ministerio de Trabajo lo está analizando pero que no ha llevado aún este tema al diálogo social.
En todo caso, se ha mostrado contraria a implantar una forma «rígida» como sería la de no trabajar un día a la semana, ya que esa medida no ayudaría a la conciliación de la vida laboral y familiar, no serviría para determinados sectores, y no tendría sentido cuando se están haciendo seis millones de horas extraordinarias a la semana, de las que el 42% de ellas no retribuidas.
«¿De qué vale reducir un día si el problema que tenemos es que se está extendiendo mucho la jornada laboral?», se ha preguntado la ministra, que tampoco parece ver con buenos ojos que la propuesta planteada por Más País y Equo sobre este tema pida utilizar recursos públicos para sufragar la reducción de la jornada.
Así, Díaz cree que la clave es avanzar en medidas de flexibilidad interna tanto para la empresa como para el trabajador y, sobre todo, adaptar la jornada laboral. «Los países no están optando por fórmulas rígidas, de reducir un día», ha insistido.
En todo caso, la ministra ha subrayado que este debate se va a abordar porque «es el debate de este siglo», al tiempo que ha recordado que los convenios colectivos están reduciendo ya las jornadas laborales de 40 horas semanales. «Se llevará al diálogo social, pero hay que tener en cuenta muchas variables», ha concluido.
MÁS PAÍS «NO ENTIENDE LA CERRAZÓN» DEL GOBIERNO
La respuesta de Más País a las declaraciones de la ministra sobre la «rigidez» de la semana laboral de 4 días no se ha hecho esperar. Asegura que «no entiende la cerrazón del Gobierno» a su propuesta. «Es incomprensible decir que es rígido un proyecto piloto para estudiarlo. La rigidez viene del Gobierno», asegura la formación.
Más País insiste en que su propuesta pasa por estudiar los efectos de la semana laboral de 4 días, algo que, según recuerda, ya se ha hecho en la Comunidad Valenciana, con el apoyo de Unidas Podemos. «No entendemos la cerrazón del Gobierno a evaluar a pequeña escala políticas públicas novedosas que podrían tener muchísimos efectos beneficiosos para empresas y trabajadores», concluye.
