Cobra, la filial de ACS, ha sido condenada por la aplicación de cláusulas abusivas a empresas subcontratadas y por morosidad en los pagos a las mismas. Cuando ha pagado, lo ha hecho por encima de los plazos estipulados por la ley de pagos a proveedores. “La construcción utiliza como medio de fraccionar el pago inventos como el confirming. Así alarga los plazos que pueden llegar a 300 o 400 días”, señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
La respuesta más habitual de las constructoras a la utilización de este método para alargar los plazos es que, mediante el confirming, pueden ir a cobrar la factura al día siguiente. “Pero tienen que pagar los gastos y los intereses. Son trucos que utilizan dada su posición de dominio. O lo tomas, o no haces la obra. Es necesario y urgente un régimen sancionador”, reclama Antoni Cañete.
La morosidad no es sólo un problema de las constructoras, ni del sector privado. También la administración pública forma parte de este peligroso juego. En este último caso, los datos hablan de más de 15.000 millones de euros pendientes de pago. “Las administraciones públicas deben pagar la deuda de forma urgente. Es un dinero que se inyectaría al sistema”, manifiesta el presidente de la PMcM.
Volviendo al sector privado, los datos hablan de 122.000 millones de euros en obligaciones de pago sólo de las empresas que cotizan en Bolsa. De esa cantidad, las deudas de las encuadradas en el Ibex 35 se sitúan en unos 85.000 millones de euros. “Juntando lo público y lo privado hablamos de 137.000 millones de euros”, suma Antoni Cañete. Morosidad desbocada.
MOROSIDAD VS EMPLEO
Desde la emisión de la factura, el sector público tiene un plazo de pago por debajo de los 30 días. En el sector privado, debe ser inferior a los 60 días. “De los 15.000 millones de euros del sector público, 8.000 millones estarían fuera de los 30 días. Y de las empresas privadas que cotizan en la bolsa, de los 85.000 millones antes citados, 25.000 millones estarían por debajo de los 60 días, pero 60.000 millones por encima”, se lamenta el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Superados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una de las medidas que se deberá votar en el Congreso es la relativa al régimen sancionador dentro de la ley de pago a proveedores. “Si no se aprueba va a empeorar las cosas. Cerrarán más empresas y se perderá el número más alto de puestos de trabajo de nuestra historia”, remarca Antoni Cañete. Porque, actualmente, la situación es “muy compleja y grave”.
TORMENTA PERFECTA
Hay una necesidad de liquidez por parte de las empresas sin precedentes. Lo que ha originado el parón económico ha sido un frenazo a la capacidad de facturación, por una parte, y, por otra, ha habido una bajada importante de la demanda. Algo que el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad califica como “tormenta perfecta”. Fruto de ello, dos de cada tres empresas tienen problemas de liquidez.
Antoni Cañete, además, resalta que es la primera vez que esto afecta por igual a grandes y a medianas y pequeñas empresas. “El sistema está adormecido y dopado. Los balances han empeorado al endeudarse. La situación es potencialmente dura. Y, en el momento de que salgamos de la anestesia, será crítica”, sostiene.
Finalmente, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad indica que, ante esta situación, la única solución que les queda a las empresas es retrasar los plazos de pago. “Si se rompe la cadena de pagos, el efecto va a ser mucho mayor”, advierte.
