La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha alertado de que el nuevo decreto ley sobre desahucios anunciado por el Gobierno atenta gravemente contra «los derechos constitucionales fundamentales».
Concretamente, la organización ve amenazada «la protección de la propiedad privada o la tutela judicial efectiva» de miles de familias que tienen sus ahorros y pensiones depositados en el alquiler de vivienda.
Asipa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno, recordando que «la vivienda es una infraestructura esencial» y, en el caso de España, «la principal forma de ahorro para casi 20 millones de familias». La Asociación critica que la vivienda de alquiler se esté usando «tan a la ligera como moneda de cambio».
Además, ha mostrado su disconformidad ante la vinculación del alquiler de viviendas exclusivamente a «grandes tenedores» y ha señalado que esta «discriminación» ahuyenta al capital necesario para financiar la vivienda protegida asequible que necesitan los jóvenes y las familias con rentas más bajas.
Del mismo modo, ha recordado que el derecho a una vivienda digna es, según la Constitución, «una obligación de los poderes públicos» que deben poner los medios necesarios para «garantizar la generación de suelo» y «retornar las plusvalías» que los entes públicos obtienen de las actuaciones urbanísticas a los ciudadanos en forma de apoyo a la vivienda.
Asipa ha considerado que el Gobierno está eludiendo esa responsabilidad «trasladando esa carga pública sobre los ahorradores privados» y que se está promoviendo una «inseguridad jurídica» que tendrá como consecuencia «un fuerte deterioro del valor de las viviendas en España».
La Asociación ha cifrado en 3 billones de euros los ahorros que cerca de 20 millones de familias españolas han invertido en sus viviendas de alquiler y ha aprovechado para recordar que el sector ha ofrecido planes de ayuda a sus inquilinos, adelantándose al Gobierno tras el decreto del estado de alarma el pasado mes de marzo.
