El subsector platanero canario teme que el Senado dé luz verde este miércoles a la entrada de banano de terceros países si aprueba el proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria acordado en comisión sin tener en cuenta la enmienda de CC, PP, ASG, Ciudadanos, ERC, PNV e Izquierda Confederal que incluye una «excepción necesaria» al plátano de las islas.
Esta excepción, señalan en un comunicado, deriva del «grave riesgo» que la aplicación de algunos de sus preceptos representaría para la producción del plátano de Canarias dado que sólo compite con producciones de terceros países y se desarrolla en condiciones de lejanía e insularidad excepcionales.
La medida excepcional se aplica particularmente a las condiciones de rigidez de adecuación de oferta y demanda, así como al establecimiento de la obligación de la fijación de un precio mínimo de venta para todas las transacciones y todas las categorías de plátanos por parte de las organizaciones de productores de plátanos de Canarias.
Esto último, si bien resulta aparentemente positivo, comentan, en una realidad de mercado libre como el actual sitúa al plátano de Canarias «en una posición impuesta de fuera de mercado».
La norma favorecería así a la competencia de la banana de terceros países, provocando en consecuencia la bajada drástica de las ventas del producto nacional, al que se abocaría a una «irremediable» retirada de mercado de gran parte de su producción.
Según Domingo Martín, presidente de Asprocan, «la Ley de la Cadena Alimentaria tiene unos objetivos necesarios, pero precisamente para el cumplimiento de su objetivo de protección de los productores, el 100% del sector platanero de Canarias ha pedido la excepcionalidad necesaria».
En su opinión, «las características de nuestro sector son específicas, con competencia 100% internacional y ajena a toda norma europea, confiamos en que todos los grupos políticos entiendan la situación particular de nuestro sector y acepte esta modificación, pues lo contrario sería actuar en beneficio de la banana, algo incomprensible.
Asprocan ya dio a conocer a todos los grupos políticos de la Cámara las proyecciones de la aplicación de estos preceptos en los últimos cuatro años explicando la previsible «destrucción innecesaria» de producto.
En respuesta a los efectos de la ley, los senadores de CC, ASG y PP, así como el grupo de Ciudadanos, solicitaron la incorporación de una disposición adicional a la Ley de la Cadena Alimentaria en la Comisión de Agricultura, una propuesta a la que se sumaron PNV, ERC e Izquierda Confederal, contando así con una amplía mayoría a la que el sector solicita que se sume el propio Grupo Socialista en el Senado en el pleno de este miércoles.
