El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 se enfrenta desde este lunes a su fase decisiva en el Congreso, el debate y votación de las enmiendas y de las secciones en el Pleno, y el Gobierno llega a esta cita con un respaldo que supera la mayoría absoluta de la Cámara.
El debate se iniciará con el articulado de la Ley de Presupuestos, con sus disposiciones, y a partir del martes subirán a la tribuna los distintos ministros del Gobierno para defender las cuentas de sus respectivos departamentos, comenzando por la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Para la votación de las enmiendas que quedan ‘vivas’, el Congreso ha previsto tres rondas de votaciones exclusivamente telemáticas durante mañana y el miércoles, por lo que el miércoles a las 20.00 horas el Pleno habrá votado todas las enmiendas parciales a los Presupuestos y las cuentas habrán quedado listas para sus votaciones decisivas.
El jueves será el día clave ya que, tras el último de los debates, se procederá a las votaciones (telemáticas y presenciales) de las distintas secciones presupuestarias. En esta ronda, el Gobierno no puede perder ni una sola votación, ya que el rechazo de una sola sección implicaría el fracaso de las cuentas y la devolución del Presupuesto al Ejecutivo.
SE DESPEJA LA VÍA DE LA INVESTIDURA PARA APROBAR LAS CUENTAS
A esta fase el proyecto llega con el camino muy despejado para su aprobación, pues el Gobierno de coalición tiene confirmado el respaldo de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu y Compromís, con los que ya suma una mayoría absoluta holgada en línea del bloque de investidura que facilitó la constitución del Gobierno.
Y esta semana busca cerrar el apoyo de Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Más País y Nueva Canarias, que ya han visto la inclusión de varias enmiendas a las cuentas, con los que podría llegar a los 185 votos.
Está pendiente conocer la posición final del PDeCAT, que apoyó tramitar el proyecto desmarcándose de su socio de Junts y que se abstuvo en las votaciones en Comisión manteniendo abierta la vía de la negociación.
En el voto en contra siguen el PP y sus socios de UPN y Foro Asturias, así como Coalición Canaria y los independentistas catalanes de Junts y la CUP. Ciudadanos, que apoyó tramitar los presupuestos y se ofreció a negociar, ya se pasó también al ‘no’ ante el acuerdo de Gobierno con ERC y Bildu y tras ver que sólo se admitió una enmienda ‘naranja’, la relativa a la tarjeta sanitaria única. Vox también está en contra de los Presupuestos, aunque en su caso renunciaron a presentar enmiendas y ni siquiera participaron en las votaciones de la comisión.
MÁS DE 250 MILLONES Y SIN SUBIDA AL DIÉSEL
Hasta ahora, la tramitación parlamentaria ha ‘congelado’ el sueldo del Gobierno, eliminado las cuentas la subida fiscal al diésel, y repartido una serie de inversiones territoriales en virtud de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con sus socios, particularmente en el País Vasco y Navarra, auspiciados por PNV y Bildu, y Cataluña (ERC), pero también en Madrid (Más País), Cantabria (PRC), Canarias (NC) y Aragón (Teruel Existe)
Entre las inversiones más destacadas comprometidas hasta ahora se encuentran los 100 millones de inversión real para el AVE en Barcelona, 50 millones para un plan renove para la industria de la máquina herramienta, y un plan contra la pobreza en Canarias por valor de 30 millones de euros.
También se han reservado 10 millones para I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, hay dos nuevas partidas dirigidas a la crisis migratoria –2,5 millones adicionales a Salvamento Marítimo y 4 millones para proyectos humanitarios–, la financiación de un proyecto piloto para una planta de recuperación de residuos y un estudio para encontrar alternativas de bajas emisiones a los vuelos peninsulares.
En el articulado del proyecto, el Gobierno también ha pactado ampliar los supuestos de contratación para personal investigador, incentivos a la participación empresarial en centros tecnológicos y a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, la venta de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, y facilidades para la contratación de docentes en universidades no presenciales no enteramente públicas.
