Las empresas que formen parte del patronato de centros tecnológicos podrán participar en la ejecución de proyectos de I+D+i que cuenten con subvención pública a partir del próximo año.
Todo ello tras modificarse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 la Ley General de Subvenciones y su limitación para impedir a sujetos receptores de ayudas concertar la ejecución de las actividades subvencionadas con personas o entidades con ellos vinculadas.
La modificación, propuesta por el PNV vía enmienda, acabó siendo pactada con el PSOE y Unidas Podemos, formaciones que integran el Gobierno, y aprobada esta pasada semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso, por lo que ya forma parte del articulado del proyecto de ley que llega al Pleno del Congreso.
CAMBIO EN LA LEY DE SUBVENCIONES
En su enmienda, el PNV argumenta que esta prohibición general de concertar esta actividad subvencionada responde al supuesto de los grupos de empresas mercantiles, pero perjudica indirectamente a estos centros tecnológicos, cuyo modelo de gobernanza está ligado a una mayoría empresarial.
Estos centros se constituyen habitualmente como fundaciones, cuya normativa, explica esta formación, requiere la participación mayoritaria de las empresas en su patronato y esta presencia es condición obligatoria en el Registro estatal de Centros Tecnológicos.
Sin embargo, sostienen los nacionalistas vascos, no existe una vinculación entre las empresas y el propio centro tecnológico, en tanto ni los patronos (en este caso fundaciones) ni el consejo rector (en este caso asociaciones empresariales) «tienen ningún tipo de control efectivo ni influencia suficiente».
«Ni ostentan la propiedad ni ostentan un número de votos suficiente como para controlar las decisiones de los centros tecnológicos», subrayan, señalando además que tampoco los centros tecnológicos ejercen control sobre las empresas ni existe reparto de beneficios alguno, al ser entidades sin ánimo de lucro.
LA PROHIBICIÓN PERJUDICA LOS CONSORCIOS Y AHUYENTA A EMPRESAS
A pesar de ello, aseguran que en los últimos dos años en algunas convocatorias de programas de apoyo a la I+D+i de entidades de la Administración se considera a estos centros tecnológicos entidades vinculadas a empresas de sus patronatos o consejos rectores, dificultando las condiciones de subcontratación.
Una prohibición que, además de perjudicar sólo a un grupo de organismos de investigación (estos centros son los únicos con relación empresarial), afecta la constitución de consorcios, descapitaliza estos centros ante las restricciones y perjudica el número y la calidad de propuestas de I+D+i que se postulan para recibir subvención.
«Llama la atención que, después de haber promovido durante años una red de centros tecnológicos excelentes y de valorar y promover la presencia de las empresas en sus órganos de gobierno, ahora se penalice a las empresas que los conforman», concluyen.
