La Federación de Servicios Públicos de CCOO (FSC-CCOO) ve «graves deficiencias» en el borrador del real decreto ley para modernizar la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, ha reprochado al Gobierno «la falta de voluntad negociadora». «Una vez más hemos tenido que enterarnos por los medios de comunicación de las intenciones del Gobierno respecto al plan de modernización de la Administración, en el que no hay una referencia expresa a la recuperación de empleo público ni a la negociación», ha resaltado el sindicato.
El sindicato apunta que el proyecto de Real Decreto Ley presenta «toda una batería de medidas para tratar de agilizar y simplificar la gestión de los fondos europeos».
Desde su punto de vista, en el origen de las modificaciones está el problema que tradicionalmente España ha tenido para poder gestionar los fondos europeos, ya que es de los países con menor grado de ejecución y donde esta es más tardía, y la necesidad de que la «incapacidad de gestión y la lentitud» se corrijan con los fondos europeos extraordinarios acordados para afrontar la actual situación.
Para CCOO, «la mayor preocupación que les genera el proyecto es que obvia el problema de fondo que tienen el conjunto de las administraciones públicas», que se centra fundamentalmente en el empleo y en la falta de medidas «concretas» para afrontar este reto.
El conjunto de las administraciones públicas presentan en la actualidad serias carencias derivadas de años de austericidio y de falta de inversión: faltan recursos humanos, falta inversión tecnológica y en innovación, falta formación», ha alertado el sindicato, que cree que «de poco sirve apostar por un funcionamiento más ágil y eficiente si no se dota de los medios suficientes.
A CCOO también le preocupa que se vaya a dar un empujón a la privatización de los servicios públicos. «Somos conscientes de que buena parte del despliegue de las políticas estratégicas que deben instrumentarse con la ayuda de los fondos europeos requieren de la colaboración público-privada, pero eso no puede ser excusa para que, aprovechando la clara infradotación de medios del conjunto del sector público, se usen para un nuevo empujón a la privatización de los servicios públicos».
También echa de menos «una apuesta decidida» por establecer mecanismos que permitan la participación directa de las comunidades autónomas y administraciones locales en la gestión directa de los fondos.
Asimismo, ha dejado claro que la participación de los agentes sociales «no puede limitarse a un foro general de seguimiento». «Debe garantizarse su participación en todos los foros y ámbitos sectoriales de seguimiento de cada uno de los planes o líneas estratégicas», ha añadido.
Desde la federación de servicios a la ciudadanía, han remarcado que son conscientes del reto que, como Estado, hay que enfrentar y que están en disposición «de negociar y acordar, en el espacio más breve de tiempo posible, las medidas para afrontarlo con garantías».
Pero ello exige negociación previa y respeto a los marcos de derechos y garantías de los que nos hemos dotado. Si el Gobierno, de manera unilateral, sigue optando por la utilización solo de mecanismos arbitrarios, unilaterales y excepcionales, el sindicato actuará con la máxima firmeza y contundencia frente a lo que sería una grave agresión a los derechos de las empleadas y empleados públicos», ha subrayado.
