La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el Gobierno se reunirá «en las próximas semanas» con las comunidades autónomas en la conferencia para abordar los proyectos operativos y los criterios relativos a los fondos europeos, al tiempo que prevé aprobar y llevar «muy pronto» al Congreso el real decreto para agilizar los trámites y eliminar los «cuellos de botella».
Así lo ha señalado Montero durante el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, trámite que se ha superado con holgura, ante las críticas de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, por la «opacidad» y la falta de información respecto a los criterios en el reparto de los fondos europeos.
Montero ha explicado que la incorporación de una anualidad de 27.000 millones de los fondos europeos en los PGE no significa que la recuperación a medio plazo tenga que estar vinculada a dichos fondos, pero representa el «esfuerzo» de Europa en la inyección de recursos.
Aunque los fondos son «limitados y finitos» ha indicado que lo importante será que los proyectos permitan acelerar los cambios y transformaciones previstos, como la digitalización y la transición ecológica o que los corredores ferroviarios del Mediterráneo, Atlántico o central «se pongan en marcha» con los fondos.
Además, ha negado que haya «opacidad» en los fondos, y ha achacado la situación a la «rapidez» en la que se han incorporado los proyectos de los fondos europeos, que todavía no están incorporados por Europa. «La rapidez definiendo no ha hecho posible en todos los casos descender al nivel territorial por cada uno de los departamentos», ha explicado.
A su vez, ha remarcado que hay que se «capaces» de poner en marcha una gran parte de los proyectos para completar en «dos o tres años» el compromiso de gasto relativo a los 70.000 millones de euros en transferencias del total de 140.000 millones de euros, al ser una «exigencia europea», con independencia de que luego pueda producirse o no una prórroga.
En cuanto al ‘React-EU», ha explicado que se percibirán 13.000 millones para las CCAA, vinculados a la Sanidad, la Educación o los servicios sociales, por lo que las regiones tendrán que realizar una programación, posteriormente el Gobierno se lo remitirá a Bruselas y desde la Comisión harán las indicaciones pertinentes a remitir a los distintos territorios.
Para ello, ha avanzado que «en las próximas semanas» se convocará la conferencia para que los distintos gobiernos autonómicos conozcan los programas operativos sobre los que poder trabajar y proceder al intercambio de información.
En este sentido, ha garantizado que se trabajará en un «entorno de cogobernanza», por ejemplo en lo relativo a los proyectos de los corredores, que «no tienen una asimilación a un territorio concreto», mientras que otros fondos «aterrizan» en la política de cada departamento, para lo que habrá «margen» de capacidad de poder concertar las inversiones y los distintos programas.
«Trasladar absoluta tranquilidad, la forma de trabajo va a seguir siendo la desarrollada en la que la cogobernanza es un elemento imprescindible», ha apostillado.
NO HABRÁ UN ÚNICO CRITERIO DE REPARTO Y SÍ «DECALAJE» EN PROYECTOS
Montero ha dicho compartir con Sagastizabal que «el reto es el de la ejecución», sobre la que ha admitido que «no va a ser uniforme por parte de todos los departamentos», puesto que «tendrá un decalaje en algunos proyectos y otros se pueden escalar inmediatamente porque existe previamente el convenio o el instrumento jurídico que lo puede hacer posible».
Eso sí, ha apuntado que «en ningún caso» los fondos europeos pueden ser sustitutivos del gasto corriente y ha aclarado que los criterios de asignación de recursos se fijarán en función de la política concreta, pero «no va a haber un criterio único que se aplique a todos y cada uno de los departamentos».
Además, ha dicho que es «evidente» que todos los proyectos de inversión relativos a los fondos europeos tendrán que ir acompañados de un programa de reformas.
La ministra ha afirmado que llegará «muy pronto» al Congreso el real decreto para intentar agilizar los procedimientos y los trámites que permitan eliminar los «cuellos de botella» sin perder ningún «punto de control» sobre el dinero público.
Por su parte, Sagastizabal (PNV) ha hecho especial hincapié en los fondos europeos denunciando la «opacidad e incertidumbre» sobre los mismos al no haber «criterios claros» para la asignación de recursos, sobre los que considera que se sustenta buena parte del crecimiento en los Presupuestos. «Seguimos sin conocer el mecanismo para implementar los fondos, cuáles son los criterios técnicos», ha señalado.
